Cada vez que capturan a un narco nos hacemos las mismas preguntas, ¿cuántos años de cárcel le van a dar? ¿a qué cárcel lo van a mandar? ¿agarraron también a sus mandos medios? Pero hay otra pregunta bien importante que suele quedar en segundo plano, ¿qué pasa con la plata? Porque el narcotráfico —como casi todo el crimen organizado— no existe por romanticismo, por amor al arte ni por rebeldía antisistema. Existe por plata. Y mucha plata. Y cuando el sistema penal no logra atacar esa pata del negocio, la historia vuelve a empezar.

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Hablemos entonces del delito de lavado de activos. La idea detrás de esta figura es bastante simple. No alcanza con perseguir el delito que genera el dinero “sucio”, también hay que perseguir el intento de darle apariencia legal a esa plata. Comprar un campo, invertir en apartamentos, abrir una empresa, comprar autos de alta gama, mover el dinero por distintas cuentas o sociedades. Todo esto puede formar parte de una maniobra de lavado si el dinero proviene de un delito. En derecho se habla de “delito precedente”, que es el delito que generó ese dinero.

La ley uruguaya menciona varios: narcotráfico, corrupción, contrabando, trata de personas, tráfico de armas, estafas, delitos tributarios, explotación sexual, terrorismo, entre otros. En todos esos casos el sistema penal no sólo puede perseguir el delito en sí mismo, sino también el circuito económico que se construye alrededor de ese negocio.

Por eso muchas investigaciones hoy no se concentran solamente en quién cometió el delito, sino en seguir la ruta del dinero. ¿Dónde terminó esa plata? ¿En qué se transformó? ¿A nombre de quién quedó? ¿Qué bienes se compraron?

Cuando hay indicios fuertes, la Fiscalía puede pedir al Juez que incaute bienes mientras avanza la investigación. Autos, propiedades, dinero, cuentas bancarias, embarcaciones, campos, lo que sea.

Si finalmente se prueba que esos bienes provienen del delito, se produce lo que se llama decomiso. En buen romance, el Estado se queda con esos bienes porque se considera que son producto del delito o fueron utilizados para cometerlo y los vende en subasta pública. Muchas veces esos bienes ya no son bolsos de dinero ni cuentas con efectivo. Son activos perfectamente integrados al circuito económico, apartamentos, autos de alta gama, etc.

Uno de los casos más conocidos en Uruguay fue el de la estancia El Entrevero, en Maldonado. Un campo que terminó siendo decomisado en una investigación por lavado de dinero y fue rematado por el Estado en más de diez millones de dólares.

Lo bueno es que un activo que alguna vez fue utilizado para esconder dinero del crimen organizado termina siendo vendido y convertido en recursos para políticas de prevención y combate al narcotráfico.

Detrás de todo el proceso hay varios actores. Existe una Fiscalía especializada en lavado de activos, la SENACLAFT coordina la política antilavado y supervisa distintos actores del sistema financiero y empresarial. Y la Junta Nacional de Drogas administra el fondo donde terminan los bienes decomisados vinculados al narcotráfico.

En la teoría, el sistema antilavado uruguayo es bastante robusto. Ahora bien, cuando uno mira la realidad aparece una contradicción grande como una casa. Según datos oficiales de SENACLAFT, en 2023 hubo 4 personas condenadas por lavado de activos en Uruguay. Ese mismo año hubo 3.838 condenas por delitos precedentes capaces de generar dinero ilícito, como narcotráfico, estafas, contrabando o corrupción. La diferencia es difícil de explicar. Si miles de delitos generan ganancias ilegales todos los años, ¿dónde está la plata y por qué casi nunca vemos condenas por lavado de activos? Creo que de a poco estamos aprendiendo que perseguir sólo el delito no alcanza. También hay que perseguir el dinero ¡es pegarle donde más les duele! Porque mientras delinquir siga siendo rentable, siempre va a haber alguien dispuesto a ocupar el lugar del que cayó.