La Junta Departamental de Montevideo vuelve a colocarse en el centro de la escena pública por motivos que nada tienen que ver con el debate legislativo constructivo, la cercanía con los vecinos o la solución de los problemas cotidianos de los barrios. En las últimas horas, la notoriedad institucional ha quedado atrapada en una trama de privilegios que ofende el sentido común, desafía la ética republicana y profundiza el foso que lamentablemente separa a la dirigencia de la ciudadanía a la que debe servir con absoluta transparencia y probidad.

Es cierto, y corresponde reconocerlo con total objetividad, que la función de los ediles en el sistema departamental uruguayo es de carácter honorario y responde a una concepción institucional propia de otro tiempo. Nadie pretende ignorar que la complejidad de la labor legislativa actual, atravesada por normativas técnicas, presupuestos intrincados y demandas sociales crecientes, hace conveniente y justificado que cada curul cuente con una persona de confianza que atienda su secretaría o aporte asesoramiento especializado.

Sin embargo, existe un abismo insondable entre esa necesidad operativa y la realidad desbordada que hoy exhibe el organismo. Resulta inadmisible que un edil pueda disponer de hasta cinco personas contratadas a su servicio directo, un esquema que muchas veces, tal como se ha denunciado y documentado con crudeza, funciona al margen de cualquier control efectivo y sin que los beneficiarios cumplan funciones asignadas. Si a este despropósito estructural se le suman otros cuatro funcionarios en comisión, nos encontramos frente a un andamiaje burocrático de difícil explicación y de imposible defensa ética.

Lo más grave, y aquello que indigna con justa razón a la población, es la confirmación de situaciones donde tanto unos como otros cobran religiosamente sus haberes sin concurrir a trabajar. ¿Cómo pueden recibir estas alarmantes noticias los más de quinientos mil uruguayos que madrugan todos los días para cumplir jornadas de ocho horas y perciben sueldos magros de veinticinco mil pesos? ¿Con qué cara se le exige un esfuerzo contributivo a ese trabajador que, con el sacrificio diario de sus impuestos, sostiene los sueldos de quienes transitan por los pasillos estatales sin hacer absolutamente nada?

¿Dónde termina la frontera entre la legítima conveniencia de contar con asistencia técnica y el abuso desmedido de incorporar personal fantasma? Cuando la opinión pública observa estos espectáculos lamentables y experimenta una profunda desconfianza hacia los políticos, resulta imposible culparla. Al contrario, queda demostrado que existen razones de sobra para sospechar del uso discrecional de los dineros públicos.

La Junta Departamental de Montevideo no puede permitirse mantener este sistema ni un solo día más. No existe ningún argumento válido, ninguna excusa reglamentaria ni ningún ciudadano de bien que pueda aceptar, entender o tolerar semejante despilfarro. La famosa frase atribuida a Julio César, según la cual la mujer del César no solo debe ser honesta, sino parecerlo, cobra hoy una vigencia implacable. No basta con invocar buenas intenciones; es imperativo erradicar prácticas que generan sospechas y erosionan la democracia.

Finalizo respondiendo la pregunta planteada al inicio del análisis: ¿No son muchos? Sí, son muchos. Demasiados. La ciudadanía exige un cambio radical, austeridad verdadera y respeto absoluto por los recursos del Estado.