El sistema actual de multas de tránsito y sus recargos en Uruguay ha dejado de cumplir una función educativa o correctiva para transformarse, lisa y llanamente, en un mecanismo desproporcionado, injusto y profundamente desconectado de la realidad económica de los ciudadanos. Lo que debería ser una herramienta para promover conductas responsables en la vía pública se ha convertido en una maquinaria recaudatoria que castiga con severidad excesiva, acumulando montos que, en no pocos casos, terminan superando con creces el valor del propio vehículo involucrado en la infracción.

Resulta difícil justificar que una multa, agravada por recargos y sanciones acumulativas, alcance cifras que duplican o incluso triplican el valor de mercado de un automóvil. Esta lógica no solo es abusiva, sino que además vulnera principios básicos de proporcionalidad y razonabilidad. Una sanción debe ser ejemplar, sí, pero también justa y coherente. Cuando el castigo supera cualquier parámetro lógico, deja de ser legítimo y pasa a percibirse como una exacción arbitraria.

En este contexto, es imprescindible establecer un límite claro: las multas y sus recargos jamás deberían superar el 25 % del valor de mercado del vehículo. Este tope no implica indulgencia frente a las infracciones, sino la introducción de un criterio de equilibrio que hoy brilla por su ausencia. Se trata de evitar que el sistema termine empujando a los ciudadanos a situaciones de endeudamiento insostenible o, peor aún, a la informalidad o la imposibilidad de regularizar su situación.

Las recientes declaraciones del expresidente Luis Alberto Lacalle Herrera ponen el dedo en la llaga y reavivan un debate que no puede seguir postergándose. Su crítica al actual esquema de cobro de la patente de rodados, especialmente a la restricción que impide pagar este tributo a quienes tienen multas impagas, refleja una preocupación legítima: el sistema ha dejado de ser razonable y se ha vuelto excesivamente gravoso para miles de uruguayos.

Lacalle Herrera acierta al señalar que la tenencia de un vehículo ya no es sinónimo de riqueza. Para muchos, el auto es una herramienta de trabajo indispensable o una necesidad cotidiana. Penalizar de manera desmedida a estos ciudadanos no solo es injusto, sino también contraproducente, ya que termina afectando su capacidad de generar ingresos y cumplir con sus obligaciones.

Pero quizás el aspecto más relevante de sus declaraciones sea la defensa de la autonomía departamental. El actual esquema, impulsado por el Congreso de Intendentes, ha tendido a uniformar criterios de manera rígida, limitando la capacidad de cada departamento para gestionar sus propias políticas en función de sus particularidades. Y este es un punto central: no todos los departamentos son iguales, ni enfrentan las mismas realidades económicas, sociales o territoriales.

Una cosa fue resolver la llamada “guerra de las patentes”, que requería coordinación y cierto grado de homogeneidad. Otra muy distinta ha sido avanzar hacia un sistema que prácticamente elimina la “cintura” de las intendencias para manejar aspectos clave como multas, recargos y prescripciones. Esta pérdida de flexibilidad ha generado distorsiones evidentes y ha alejado la toma de decisiones de las realidades locales.

Recoger lo sustancial del planteo de Lacalle Herrera implica reconocer que las intendencias deben recuperar herramientas para gobernar en función de sus comunidades. Cada departamento debería poder establecer criterios propios, adaptados a las necesidades de sus vecinos, sin quedar atado a un esquema centralizado que muchas veces resulta insensible a esas diferencias.

Si bien el Congreso de Intendentes ha comenzado a abordar el tema, las soluciones planteadas hasta ahora están lejos de atacar el problema de fondo. No basta con ajustes menores o paliativos. Se requiere una reforma profunda que restablezca la proporcionalidad de las sanciones, limite los abusos en los recargos y devuelva a los gobiernos departamentales la capacidad de decidir con criterio y responsabilidad.

En definitiva, el sistema actual no solo es injusto, sino también ineficiente. Un régimen de multas que asfixia a los ciudadanos termina erosionando su propia legitimidad. Es hora de corregir el rumbo, con sensatez, equidad y respeto por las realidades locales.