Ha llegado la hora de resolver definitivamente el problema de la edad para trabajar en la administración pública. Desde todos los partidos se han escuchado voces contestes, pero aún no se ha aprobado una ley que corrija esta discriminación. Ya en el año 2013, el actual Intendente, Dr. Lima, siendo diputado, presentaba una exposición diciendo: Una práctica que se ha extendido en los últimos años en nuestro país, en la región, en América y Europa, ha sido el establecer topes de edad en cada ocasión en que se realiza un llamado para ingresar a la función pública.

Agregaba: Existe claramente un tratamiento discriminatorio hacia un sector importante de la población, que ve seriamente disminuidas sus posibilidades de acceso al trabajo.

Nuestro país cuenta en su legislación con una historia de lucha contra la discriminación racial, religiosa, sexual, de género y por discapacidad; pero en cuanto a la discriminación laboral por edad hasta la fecha no existe legislación que garantice igualdad de oportunidades a todos. Es necesaria en consecuencia la existencia de una concientización social que se vea posteriormente plasmada en la ley.”

También recordaba el Dr. Lima hace más de 10 años que “el artículo 8 de la Carta Magna manifiesta que “Todas las personas son iguales ante la Ley no reconociéndose otra distinción entre ellas sino la que surge de los talentos o de las virtudes”. En consecuencia, la propuesta elevada al Poder Ejecutivo, es que cada vez que exista un llamado para trabajar o ingresar a la función pública, a la Administración Central, a los Ministerios, a las Empresas Públicas, o a cualquier otra oficina pública, no haya límite de edad, y que cualquier trabajador pueda presentarse.”

Un año antes, el entonces Senador Tabaré Viera, se había pronunciado sobre este tema al presentar un proyecto de ley reivindicando “el derecho al trabajo como un derecho fundamental del ser humano, así como el de todo ciudadano a poder ser llamado a un empleo público en forma imparcial y equitativa, tal como está previsto en la Constitución de la República.”

En su exposición de motivos decía el legislador “Es por demás preocupante la situación de desempleo en que muchos ciudadanos mayores de cuarenta años se encuentran hoy y este hecho nos ha generado la necesidad de procurar mecanismos que ayuden a mitigar esta desigualdad que existe frente a otras franjas etarias donde los índices de desocupación son sensiblemente menores.”

Agregaba el Profesor Viera: “Sentimos que la no contratación por parte del estado de personas mayores de cuarenta años es un acto discriminatorio que, salvo en actividades ejecutivas de policías y militares no encuentra justificación y comprime, todavía más, la oferta laboral para esta franja de la población. Resulta ésta, una práctica que por su generalización vulnera derechos fundamentales recogidos expresamente por nuestra Carta Magna. Entendemos pues que el estado no debe agudizar las dificultades que se presentan a estos ciudadanos para reinsertarse en el mercado laboral. Sino que debe atender a su capacitación y adaptación a los nuevos requerimientos laborales y tener una política activa en la eliminación de prácticas discriminatorias que laboralmente los excluye.”

En tiempos recientes, la escribana María Eugenia Almirón, transmitió a la senadora herrerista Gloria Rodríguez una iniciativa por la cual, en los llamados a concurso del sector público, no se limite la edad a los 40 años, sino que los mismos extiendan sus requisitos hasta los 45 años.

Como se puede apreciar, desde todos los partidos políticos se han escuchado voces y se conocen planteamientos similares.

La nueva legislatura tiene una gran oportunidad por delante, ya que, existiendo consenso en torno a este tema, nada impide que el planteo se convierta en ley, poniendo punto final a una verdadera discriminación