El próximo 17 de agosto se realizará en Salto el primer Congreso Multidisciplinario de Procesos en Infancia, una propuesta académica que busca poner en el centro de la discusión la situación de niños, niñas y adolescentes que atraviesan situaciones de violencia familiar y los mecanismos institucionales y judiciales que intervienen cuando estos casos llegan al sistema estatal.

La iniciativa es impulsada por Matías Estévez, estudiante avanzado de Derecho, con el respaldo de la agrupación MEI de la Facultad. La propuesta reunirá durante una jornada a referentes de distintas disciplinas, con el objetivo de analizar una problemática que, según sus organizadores, requiere una mirada que vaya más allá de lo estrictamente jurídico.

El congreso estará dirigido al público en general y no exclusivamente a estudiantes o profesionales. La convocatoria apunta especialmente a quienes trabajan o tienen contacto cotidiano con niños y adolescentes, entre ellos docentes, maestros, educadores y profesionales vinculados al área social.

La violencia intrafamiliar como eje de la propuesta

Estévez explicó que la elección de la temática responde a la actualidad de la violencia intrafamiliar en Uruguay y a sus consecuencias sobre los menores de edad. Cuando una situación de violencia dentro del ámbito familiar llega a conocimiento de las instituciones, comienza un proceso que puede involucrar al sistema judicial, organismos estatales, profesionales de distintas áreas y centros educativos.

El organizador sostuvo que muchas veces no se ha dado suficiente trascendencia a la forma en que ese niño o adolescente es tratado una vez que ingresa al sistema, ni al modo en que los hechos de violencia son procesados judicialmente.

Las consecuencias pueden ser profundas. La violencia puede generar daños emocionales y psicológicos que repercutan incluso durante la vida adulta y afectar el desarrollo de quienes, por su edad, tienen limitadas posibilidades de protegerse por sí mismos.

La paradoja resulta especialmente relevante cuando el escenario de violencia es precisamente aquel que debería ofrecer mayor protección: la familia. Para Estévez, los hijos y otros integrantes menores de edad pueden convertirse en quienes reciben directamente las consecuencias de los conflictos y situaciones violentas dentro del hogar.

Del silencio familiar a una mayor intervención institucional

Estévez señaló que la violencia intrafamiliar atravesó históricamente un proceso de transformación. Durante mucho tiempo, los problemas ocurridos dentro del hogar eran considerados asuntos privados y permanecían en silencio.

La evolución institucional permitió generar herramientas para que las víctimas puedan exteriorizar esas situaciones y para que el Estado intervenga. Sin embargo, el estudiante de Derecho planteó que la respuesta no debería limitarse exclusivamente al castigo de quien ejerce violencia.

En ese sentido, destacó la importancia de combinar las medidas que correspondan con procesos de rehabilitación y seguimiento. Según explicó, detrás de una persona que ejerce violencia pueden existir antecedentes de violencia y problemáticas psicológicas que también requieren atención.

La propuesta, sostuvo, es avanzar hacia procesos que permitan la reparación emocional y una posterior reinserción social. El objetivo no debería ser únicamente aislar al agresor, sino generar condiciones para que pueda reconstruirse y, una vez cumplidas las medidas correspondientes, reincorporarse a la sociedad sin reproducir los comportamientos violentos.

El papel de docentes y educadores

Uno de los sectores a los que especialmente apunta el congreso es el educativo. Maestros, profesores y educadores se encuentran en una posición privilegiada para detectar posibles situaciones de violencia debido al contacto cotidiano que mantienen con niños y adolescentes.

Desde los centros de atención a la primera infancia y los jardines hasta las escuelas y liceos, los educadores pueden convertirse en una primera señal de alerta cuando advierten cambios de conducta, lesiones, situaciones familiares preocupantes u otros indicios.

Estévez los definió como una suerte de “sensores” sociales y recordó que existen casos en los que la intervención de los centros educativos permitió detectar situaciones de maltrato y ponerlas en conocimiento de las autoridades correspondientes.

El congreso pretende brindar herramientas y reforzar conocimientos para que quienes trabajan con menores puedan actuar de manera adecuada ante estas circunstancias, comprendiendo los procedimientos existentes y las vías institucionales disponibles.

Especialistas de Uruguay y Argentina

La jornada contará con la participación de destacados referentes de distintas disciplinas. Entre los expositores se encuentra el doctor Germán Haller, director del Instituto de Criminología y referente académico en Derecho Penal, además del doctor Federico Piedrabuena, docente en esa área.

También participará Ignacio Lazzaneo, abogado, escribano, docente y juez en Entre Ríos, Argentina, quien aportará una mirada desde el sistema judicial del vecino país y abordará, entre otros aspectos, cuestiones relacionadas con menores infractores y las libertades anticipadas.

El programa incluye además la participación de Eduardo Lust, referente en Derecho Constitucional y Derecho Internacional, y de Yuri Arte, vinculado al área de Derechos Humanos.

La propuesta se completa con docentes universitarios y especialistas de otras disciplinas, entre ellos psicólogos y un asistente social. Estos profesionales abordarán el tratamiento de los menores víctimas de violencia, las visitas familiares y el seguimiento de los procesos de evolución de las familias.

Una propuesta abierta y con participación presencial y virtual

El congreso se desarrollará durante toda la jornada, con actividades de mañana y tarde.

La transmisión virtual permitirá incorporar participantes de distintos departamentos y facilitará también la presencia de expositores que, por razones profesionales, no puedan concurrir físicamente.

La actividad tendrá lugar en el Salón 7 de la Facultad, aunque la organización se encuentra evaluando la capacidad del espacio ante el creciente número de participantes.

La inscripción puede realizarse a través del enlace y código QR difundidos por la agrupación MEI. Quienes deseen certificado deberán abonar $150, mientras que la asistencia sin certificado no tiene costo.

El desafío de instalar una instancia que continúe en el tiempo

Más allá de la primera edición, los organizadores aspiran a que el congreso se transforme en una instancia que pueda repetirse en los próximos años.