Una licitación para cubrir con lonas la piscina en las Termas del Daymán ha despertado fuertes cuestionamientos por parte de oferentes locales, quienes expresan su disconformidad ante lo que consideran una adjudicación apresurada, injusta y económicamente desventajosa para el erario público. El proyecto prevé la construcción de una estructura de lona tensada, técnica poco habitual en la región y que requiere experiencia específica. 

El llamado se habría originado luego de que el propio equipo técnico de la Intendencia admitiera no poder llevar adelante la obra: según se informó durante una visita técnica, los cálculos internos de costos habrían resultado excesivos, por lo que se optó por externalizar la ejecución.

Dos llamados, mismos oferentes

En una primera instancia, la Intendencia abrió un llamado a licitación que fue declarado nulo, al parecer porque las propuestas “no conformaban las expectativas técnicas”. Sin embargo, en un segundo llamado, se habrían presentado exactamente las mismas empresas, lo que genera dudas sobre qué cambió en el análisis técnico entre un llamado y otro.

Finalmente, la obra fue adjudicada a una empresa local, que aparentemente sub-contrataría otra que no es de Salto,  cuyo presupuesto supera los 13 millones de pesos, a pesar de que una firma local habría ofertado una propuesta por alrededor de 6 millones. Esta diferencia de más de 7 millones de pesos ha encendido las alarmas, especialmente considerando que se trata de fondos públicos y que los recursos en el ámbito municipal suelen ser limitados.

Rechazo a propuesta local

La propuesta local, según sus responsables, incluía toda la documentación técnica exigida: cálculos estructurales, memoria técnica, planos y especificación de materiales. Incluso se aportaron antecedentes de obras similares realizadas en el mismo departamento, utilizando el mismo sistema de lona tensada.

Pese a esto, la propuesta fue declarada “ineficiente”, aunque sin fundamentaciones técnicas detalladas. El informe técnico habría llegado a reconocer que la propuesta era “atractiva desde el punto de vista plástico”, pero igualmente fue descartada por considerarse “menos segura”. Los oferentes excluidos consideran que estas apreciaciones son subjetivas y no se sostienen con criterios técnicos claros.

Apuro al filo del cambio de gobierno

Uno de los aspectos que más sorpresa generó fue la celeridad con la que se firmó el decreto de adjudicación, apenas días antes del cambio de autoridades departamentales. La decisión fue rubricada por la intendenta saliente Ingrid Urroz, en lo que algunos actores han calificado como una maniobra innecesaria, ya que el nuevo gobierno podría haberse hecho cargo del proceso.

Este apuro ha sido interpretado como una señal preocupante, tanto por su oportunidad como por su efecto: dejar comprometido un gasto millonario justo al cierre del período de gestión.

Investigación de Diario La Prensa

Este vespertino recogió las declaraciones de oferentes y revisó documentos del proceso licitatorio. El informe señala posibles irregularidades en los criterios de evaluación, así como la falta de transparencia respecto a la diferencia de precios. También pone énfasis en la rapidez con la que se tomó la decisión, justo antes del traspaso de mando.

Posible acción legal

Ante esta situación, los oferentes locales estarían preparando una revocación administrativa, solicitando que se revise el proceso. No descartan acudir al Tribunal de lo Contencioso Administrativo si no obtienen respuesta satisfactoria. Aunque reconocen que el camino legal puede ser largo, sostienen que es necesario sentar un precedente para proteger la transparencia y el uso racional de los fondos públicos.