El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) culminó el procesamiento de los registros de productores afectados por el fenómeno climático ocurrido el pasado 18 de julio. Según informó Laura González, directora general de la Granja, fueron validadas 271 denuncias correspondientes a daños en estructuras productivas, principalmente en el norte del país.

Los registros abarcan productores de distintos departamentos, entre ellos Salto, Artigas, Paysandú y Cerro Largo. Del total, entre 30 y 40 casos no figuraban en el Registro Nacional Frutihortícola, por lo que deberán atravesar un proceso diferente antes de acceder eventualmente a los apoyos. González explicó que los casos registrados pudieron ser procesados mediante el cruce entre los daños declarados y la actividad productiva existente. En cambio, quienes no contaban con antecedentes deberán registrarse y sus predios tendrán que ser auditados para determinar la situación productiva previa al temporal.

Un apoyo en dos componentes

El esquema de asistencia definido por la Junta de la Granja tendrá dos componentes. El primero consiste en un aporte no reembolsable de hasta US$ 12.000, destinado a los productores de acuerdo con la valoración de los daños sufridos. La estimación se realizó considerando los metros cuadrados afectados y el nivel de destrucción. Para ello se establecieron categorías de daño grave, moderado y leve, además de diferenciar el tipo de infraestructura, como invernáculos de madera o metal, macrotúneles y microtúneles. El dinero correspondiente al primer componente podrá ser utilizado libremente por cada unidad productiva. La medida busca brindar un alivio inmediato, especialmente a los productores con menor capacidad financiera, que podrían destinar los fondos a gastos urgentes, servicios o deudas. González aclaró que estos recursos no son retornables.

Más de US$ 12.000 quedarán vinculados a la reconstrucción

Para quienes tengan daños cuya valoración supere los US$ 12.000, el apoyo adicional estará condicionado a la reconstrucción de la infraestructura productiva perdida. El objetivo, explicó la jerarca, es asegurar que una parte del aporte estatal se destine específicamente a recuperar la capacidad productiva. El productor deberá reconstruir o construir nuevamente estructuras como invernáculos o macrotúneles y presentar posteriormente la documentación correspondiente. Además, será obligatorio contar con una póliza de seguro. La condición busca incentivar una mayor cobertura frente a futuros eventos climáticos, ante la perspectiva de que este tipo de fenómenos pueda repetirse. El monto máximo previsto por productor será de US$ 40.000. González señaló que existen casos con daños valuados en cifras superiores, incluso cercanas a los US$ 90.000, pero se estableció ese tope como límite del apoyo estatal. El componente condicionado contempla el costo de los materiales necesarios para la reconstrucción, sin incluir mano de obra ni otros gastos.

La medida aguarda la resolución ministerial

Aunque los criterios de asistencia ya fueron comunicados a las autoridades departamentales y a las organizaciones vinculadas al sector.  El siguiente paso será una resolución ministerial que incorpore el listado definitivo de productores y el monto asignado a cada caso. Según González, el documento podría quedar pronto entre ese momento y los días siguientes. Una vez habilitado el procedimiento, los beneficiarios deberán presentarse para notificarse y firmar la documentación correspondiente. Se les solicitará una fotocopia de la cédula y un formulario con los datos de la cuenta bancaria donde recibirán la transferencia. La cuenta deberá estar necesariamente a nombre del titular incluido en la resolución ministerial, requisito que las autoridades recomiendan gestionar con anticipación para acelerar el pago. Del total de productores registrados, aproximadamente un 30% contaba con seguro, aunque en la mayoría de los casos se trataba de coberturas parciales.