Cuando la opinión pública pide respuestas, pero la ley exige condiciones. El caso de Moisés volvió a sacudir a todo el país. No solo por la gravedad de los hechos —un hijo condenado por matar a su padre con 12 disparos— sino por todo lo que rodea a la historia: denuncias de abuso, años de silencio y una sociedad que hoy se pregunta si la justicia puede, o debe, contemplar algo más que el delito en sí. En medio de este debate, conversamos con el reconocido penalista uruguayo Juan Faúndez, quien aportó una mirada  directa sobre uno de los puntos más discutidos: el llamado “perdón judicial”.

¿SE PUEDE APLICAR EL PERDÓN JUDICIAL?

Uno de los temas que más ruido generó es la posibilidad de aplicar el artículo 36 del Código Penal, una herramienta que permitiría eximir de pena en situaciones excepcionales. Sin embargo, según explicó Faúndez, no es algo que se pueda aplicar de forma automática ni por presión social. El abogado fue contundente: en más de 30 años de carrera, nunca le tocó un caso donde se pudiera aplicar con claridad este artículo. Y aclaró algo clave: para que se conceda ese beneficio, deben cumplirse ciertas condiciones específicas, y si hay una sola falla, ya no es posible avanzar. Aquí aparece un punto central: en derecho, lo “parecido” no alcanza. Los hechos deben encajar exactamente en lo que la ley describe. No hay lugar para interpretaciones forzadas cuando se trata de algo tan delicado como eximir una pena.

EL PESO DE LA HISTORIA DETRÁS DEL DELITO

Más allá de lo técnico, el caso Moisés tiene una carga emocional muy fuerte. Las denuncias de abuso dentro de la familia, los relatos de la hermana y el contexto de violencia generan empatía en gran parte de la sociedad. Incluso Fagúndez reconoció que hay elementos que hacen pensar no solo en violencia familiar, sino también en una posible “violencia institucional”. Es decir, situaciones donde las respuestas del sistema no fueron suficientes o incluso pudieron haber agravado el problema. Pero aun así, la justicia no puede basarse únicamente en lo que se siente. Debe analizar pruebas, hechos concretos y lo que está establecido en la ley. Esa es la diferencia entre la opinión pública y un fallo judicial.

LA OPINIÓN PÚBLICA Y SUS LÍMITES

En casos como este, la reacción social es inmediata. Las redes, los medios y la calle opinan, debaten y muchas veces toman posición. Sin embargo, el penalista fue claro: la justicia no puede fallar en base a emociones. Eso no significa que el debate no sea válido. Al contrario, discutir estos temas puede ayudar a mejorar el sistema. Pero una cosa es debatir y otra muy distinta es influir directamente en una sentencia. La ley está escrita para aplicarse, no para adaptarse según el clima social del momento.

¿QUÉ PASA CON LAS PENAS EN URUGUAY?

Otro punto interesante que surgió en la charla fue el sentido de la pena. Fagúndez explicó que existen dos grandes ideas detrás del castigo penal: una que apunta a la sociedad (dar un mensaje general) y otra que apunta al individuo (corregir o limitar su conducta). En este caso, al tratarse de un homicidio especialmente agravado, las penas son altas. Y no es casualidad: buscan marcar un límite claro dentro de la convivencia social. Sin embargo, también dejó una reflexión fuerte sobre el sistema actual. En los últimos años, la cantidad de personas privadas de libertad en Uruguay prácticamente se duplicó. Para el abogado, el nuevo código ha endurecido el sistema y lo define, sin rodeos, como “una máquina de meter gente presa”.

DESIGUALDAD ANTE LA JUSTICIA

Quizás una de las frases más crudas de la entrevista fue cuando se habló de las diferencias entre ricos y pobres frente al sistema judicial. Faúndez lo resumió de forma directa: el pobre muchas veces negocia con su libertad, mientras que quien tiene recursos puede hacerlo con dinero. Una realidad incómoda, pero que muchos reconocen como cierta.

UNA DISCUSIÓN QUE RECIÉN EMPIEZA

El caso Moisés todavía no está cerrado. Quedan instancias de apelación y, posiblemente, nuevas interpretaciones de los hechos. Pero más allá del resultado final, ya dejó algo claro: hay temas que Uruguay necesita discutir en serio. El funcionamiento de la justicia, el rol del Estado en la protección de víctimas, la desigualdad en el acceso a la defensa y los límites del castigo son cuestiones que no pueden seguir esperando.