La justicia, tal como la conocemos, arrastra problemas estructurales: demoras, costos elevados, dificultades de acceso y escasa transparencia. En ese escenario, la transformación digital aparece no como una opción, sino como una necesidad. Así lo plantea Bárbara Woloszyn al analizar el impacto de la inteligencia artificial, el blockchain y los sistemas de resolución de disputas en línea (ODR) en el VI Congreso Internacional de Derecho Informático desarrollado en Salto.

La inteligencia artificial ya permite automatizar tareas, analizar jurisprudencia y asistir en decisiones, reduciendo tiempos y mejorando la eficiencia. El blockchain, por su parte, aporta seguridad y trazabilidad en documentos y procesos, reforzando la confianza en entornos digitales. Y los ODR abren una puerta clave: resolver conflictos de forma ágil, accesible y sin barreras geográficas.

Pero el desafío no es solo incorporar tecnología. También implica evitar nuevos riesgos: la brecha digital, los sesgos algorítmicos y la protección de datos personales. Sin regulación clara y sin formación adecuada, la innovación puede profundizar desigualdades en lugar de resolverlas.

Por eso, iniciar este espacio sobre derecho digital supone una pregunta central: ¿cómo usamos estas herramientas para acercar la justicia a la gente? La respuesta no está solo en el código, sino en las decisiones públicas que se adopten.

Porque la justicia del futuro será digital, sí, pero su verdadero valor seguirá siendo el mismo: garantizar derechos de forma efectiva y accesible para todos.