Contaba el historiador Fernández Saldaña que, habiéndolo dispuesto así el Jefe Político Dionisio Trillo en el año 1861, se sacaron a trabajar en las obras de la Plaza 33 y el puente de la calle Yacuy (hoy Julio Delgado) a los presos existentes en la cárcel pública. El periódico “El Salteño”, ante la nueva disposición y el lamentable aspecto que ofrecían los penados mal cubiertos de harapos y arrastrando sus cadenas, protestó por el espectáculo que llamó “repugnante” a la moralidad y contrario a la cultura que tanto resaltaba en nuestro pueblo”. Añadía el bien inspirado periodista que los presos tenían derecho a que se les diera una módica pensión diaria, ganada con su trabajo, para costearse con ella la manutención y los vestidos. Las señoras salteñas iniciaron enseguida una suscripción para remediar algo aquellas desgracias.

EL TEMA NO ES NUEVO

Esta estampa de 1861, con su carga de infortunio y debate moral, nos traslada a un dilema que, más de siglo y medio después, sigue golpeando las puertas de nuestra conciencia colectiva. ¿Cuál es el sentido del trabajo en el encierro? ¿Es una herramienta de redención, un castigo adicional o una simple estrategia de gestión estatal?

Senador Pedro BORDABERRY

La persistencia del interrogante se manifiesta en la actualidad con renovada intensidad. Recientemente, el senador Pedro Bordaberry ha impulsado un proyecto de ley bajo la premisa de que "los presos tienen que trabajar y pagar su estadía". El legislador argumenta que mantener a cada recluso representa un costo mensual de unos 1000 dólares, una erogación que considera inaceptable para el Estado. Entre los ejes centrales de su propuesta destaca el trabajo obligatorio en labores productivas, como el mantenimiento de escuelas, hospitales y la reparación de espacios públicos. El objetivo es que los internos cubran los gastos de su reclusión, aliviando la carga económica sobre la sociedad, mientras que parte de su remuneración sirva como incentivo personal y aporte al Banco de Previsión Social (BPS), fomentando la formación laboral y la autoestima. Bordaberry ha defendido esta iniciativa en espacios como la Asociación de Dirigentes de Marketing (ADM), integrándola a una agenda que prioriza el combate al crimen organizado.

PREGUNTAS QUE NECESITAN RESPUESTAS

Frente a esta postura, que busca un equilibrio entre la responsabilidad del recluso y la sostenibilidad del sistema, surge la pregunta de si el ocio forzado y la falta de estímulos productivos no terminan convirtiendo a la cárcel en una "escuela del delito". Los expertos señalan que, cuando un recluso no trabaja, no solo se degrada a sí mismo, sino que pierde el vínculo con la disciplina necesaria para la vida en libertad. La carencia de remuneración justa y la arbitrariedad en la asignación de tareas son críticas recurrentes que denuncian una vulneración de derechos fundamentales.

HOY AL IGUAL QUE EN EL SIGLO IXX

¿Es posible armonizar el castigo necesario con la dignidad humana que el trabajo representa? El historiador Fernández Saldaña nos recordaba que, desde mediados del siglo XIX, la sociedad se debatía entre el pudor de ver a los presos trabajar y la piedad de quienes buscaban remediar la desgracia ajena. Hoy, el debate transita por carriles similares ¿buscamos un sistema carcelario que sea un centro de producción y rehabilitación, o nos conformamos con el encierro absoluto como única respuesta?

La reflexión está abierta

Mientras el sistema político discute presupuestos y estrategias de seguridad, los muros de nuestras cárceles siguen albergando un silencio productivo que a menudo deriva en violencia. Quizás el desafío no radique únicamente en si deben trabajar, sino en cómo el Estado puede construir un modelo donde la ocupación del penado sea el primer paso hacia una reinserción real. ¿Es el trabajo un derecho, un deber o un privilegio que no logramos gestionar? La historia, y el presente que nos interpela, aguardan una respuesta más madura y definitiva.