Antes de la polémica por la compra de su camioneta de alta gama, una nueva situación vinculada al patrimonio del presidente Yamandú Orsi quedó bajo la lupa pública. Una investigación periodística de Radio Carve, dada a conocer esta mañana, reveló presuntas irregularidades tributarias y catastrales en dos inmuebles de su familia ubicados en la zona de Pine Park, en Salinas, departamento de Canelones.

La investigación reconstruyó la situación de ambas propiedades a partir de documentación registral, padrones, consultas tributarias, cédulas catastrales e imágenes satelitales. Los hallazgos apuntan, por un lado, a una deuda por el Impuesto de Primaria en una vivienda adquirida por Orsi en octubre de 2024 y, por otro, a obras que no figurarían declaradas ante la Dirección Nacional de Catastro en la casa familiar actualmente adjudicada a su esposa, Laura Alonsopérez.

La primera propiedad fue comprada por el entonces presidente electo con parte de una herencia familiar de unos 140.000 dólares recibida tras el fallecimiento de su madre. El inmueble, lindero a la vivienda familiar y que hasta entonces alquilaba, fue adquirido e inscripto a fines de octubre de 2024.

Al consultar la situación tributaria del padrón en el sistema de la DGI, la investigación constató que el inmueble registraba una deuda vencida correspondiente al Impuesto de Primaria. Según los datos publicados, adeudaba la totalidad del ejercicio 2025, la primera cuota de 2026, además de multas y recargos, por un monto total vencido de 5.609 pesos.

El hecho adquiere especial repercusión política porque semanas atrás Orsi había decidido donar a la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) una camioneta de alta gama, valuada en unos 80.000 dólares, para ser utilizada en el traslado de escolares del interior. Precisamente, el Impuesto de Primaria financia, entre otros destinos, el transporte de alumnos, la alimentación escolar, el mantenimiento de escuelas y la compra de útiles.

El segundo aspecto de la investigación refiere a la vivienda familiar adquirida en 2010 y adjudicada en febrero de este año a Laura Alonsopérez, tras una partición de bienes realizada pocos días antes de la asunción presidencial.

De acuerdo con la información catastral vigente, el inmueble declara una superficie edificada total de 198 metros cuadrados, incluyendo vivienda principal, garaje, porche, techados, una pequeña barbacoa y otras construcciones menores. Sin embargo, la última declaración jurada presentada ante Catastro data de 2008.

La investigación sostiene que imágenes satelitales de Google Earth muestran que entre 2018 y comienzos de 2019 fueron construidas nuevas mejoras, entre ellas una piscina y una barbacoa de aproximadamente 48 metros cuadrados, obras que no figurarían incorporadas en la documentación catastral disponible.

Hasta el momento de la publicación de la investigación, no se habían difundido explicaciones oficiales sobre ninguna de las dos situaciones. El caso vuelve a instalar el debate sobre la obligación de los gobernantes de mantener al día sus responsabilidades tributarias y patrimoniales, así como de garantizar absoluta transparencia en el cumplimiento de las normas que ellos mismos deben hacer respetar.