El Instituto Nacional de Colonización (INC), una de las instituciones más relevantes y a la vez menos comprendidas del entramado estatal uruguayo, vuelve al centro del debate público. Días pasados en el Streaming de Diario La Prensa se realizó una entrevista al abogado salteño Luca Manassi, actual integrante del directorio en representación de la oposición, planteó una revisión profunda del modelo vigente, cuestionando su eficacia y proponiendo nuevas herramientas para alcanzar los objetivos históricos del organismo.

Con apenas 29 años al momento de asumir, Manassi se convirtió en el director más joven en la historia del INC. Desde esa posición, impulsa una discusión que combina historia, economía, política pública y visión de futuro.

Un instituto con raíces en otra época

El INC fue creado en 1948 con un objetivo, promover el desarrollo productivo del país mediante una distribución más equitativa de la tierra. En aquel contexto, el agro era como lo sigue siendo en buena medida el motor económico nacional, pero la estructura productiva presentaba fuertes desigualdades. “El instituto nace en un Uruguay con poca inversión y escaso dinamismo productivo. La idea era facilitar el acceso a la tierra a quienes sabían trabajarla pero no tenían capital”, explicó Manassi. A través de la compra de campos por parte del Estado y su posterior adjudicación en arrendamiento a familias rurales, se buscaba no solo aumentar la producción, sino también fomentar el arraigo en el medio rural. Ese componente social sigue siendo central. Sin embargo, según el director, el país actual dista mucho del de mediados del siglo XX, lo que obliga a repensar las herramientas utilizadas.

¿Un modelo obsoleto?

Uno de los puntos más críticos del planteo de Manassi es la vigencia del modelo basado en la compra de tierras por parte del Estado. A su juicio, esta herramienta se ha vuelto “obsoleta, burocrática e ineficiente”. “El valor de la tierra ha aumentado enormemente y hoy representa una inversión altísima para el Estado. Estamos hablando de 500 o 600 mil dólares para que una familia acceda a una fracción”. En ese sentido, cuestionó si ese es el uso más justo y eficiente de los recursos públicos. El INC maneja un patrimonio estimado entre 1.600 y 2.000 millones de dólares, una cifra que, según Manassi, debería invitar a una reflexión profunda sobre su utilización. “Ese patrimonio equivale, por ejemplo, a miles de viviendas o decenas de hospitales. No digo que haya que hacer eso, pero sí que hay que dimensionar lo que significa”.

De arrendatarios a propietarios

Frente a este diagnóstico, el director propone un cambio de enfoque: sustituir progresivamente el modelo de arrendamiento por uno que promueva la propiedad de la tierra. La idea central es desarrollar herramientas financieras como fideicomisos o sistemas de garantía estatal que permitan a los productores acceder a créditos de largo plazo y baja tasa para adquirir sus propios campos. “Cuando el productor es propietario, la productividad aumenta. Hay más inversión, más compromiso y una visión de largo plazo completamente distinta”. Según explicó, existen estudios que respaldan esta afirmación, lo que reforzaría la conveniencia de avanzar en esa dirección. Además, este esquema reduciría costos administrativos y evitaría la intermediación estatal en la compra y asignación de tierras, un proceso que, según Manassi, puede generar discrecionalidades e ineficiencias.

El dilema entre lo social y lo productivo

Otro de los ejes centrales de la discusión es el rol del INC, ¿debe ser principalmente un instrumento social o productivo? Actualmente, el organismo tiene un enfoque marcadamente social. Los criterios para fijar las rentas, por ejemplo, priorizan que las familias puedan sostenerse económicamente, incluso por encima de consideraciones estrictamente de mercado. Para Manassi, este enfoque presenta riesgos. “Con la excusa del fin social, muchas veces se terminan generando unidades de subsistencia que no permiten el desarrollo económico de los productores”. En sus palabras, el instituto corre el riesgo de convertirse en “una especie de Mides rural que administra la pobreza en lugar de generar riqueza”. Su planteo no implica abandonar el objetivo social, sino redefinirlo, lograr que los productores sean económicamente exitosos para que, a su vez, eso fortalezca las políticas públicas. “Cuanto mejor le vaya al productor, más recursos tiene el Estado para implementar políticas sociales de calidad”.

Juventud, arraigo y desafíos demográficos

El acceso de los jóvenes al campo es otro de los desafíos que enfrenta el INC. La falta de capital inicial dificulta que nuevas generaciones se instalen como productores, lo que se suma a una tendencia sostenida de despoblamiento rural. En este sentido, el organismo está explorando mecanismos como rentas progresivas más bajas en los primeros años y líneas de crédito específicas. “Hay muchos jóvenes con ganas de trabajar y salir adelante, pero necesitan herramientas”. El arraigo juvenil es visto como clave para revertir la migración hacia las ciudades. Sin embargo, el propio director reconoce que se trata de un proceso complejo, atravesado por factores económicos, sociales y culturales.

El caso “María Dolores” y la polémica reciente

La entrevista también abordó uno de los episodios más controvertidos recientes: la compra de la estancia “María Dolores” por aproximadamente 30 millones de dólares. Manassi votó en contra de la operación, que fue aprobada por mayoría en el directorio. Posteriormente, el Tribunal de Cuentas observó la compra por diversas irregularidades, entre ellas la falta de votos suficientes y problemas presupuestales. “El gasto fue observado por cuatro razones distintas. Algunas son muy graves, como la posible ilegalidad en la toma de decisión”. El caso derivó en una comisión investigadora en el Parlamento y también fue llevado a la Justicia. Mientras tanto, gran parte del predio permanece sin uso productivo significativo, lo que refuerza, según el director, las críticas al modelo de adquisición de grandes extensiones por parte del Estado.

Decisiones desde el territorio

Manassi también hizo énfasis en la importancia de conocer la realidad del interior del país para diseñar políticas efectivas. Criticó lo que denominó la “visión de Ciudad Vieja”, en referencia a decisiones tomadas desde Montevideo sin contacto directo con el territorio. “Recorrer el país te cambia la forma de pensar. No se puede decidir desde una oficina sin conocer lo que pasa en el campo”.

Un debate abierto

Las ideas planteadas por Luca Manassi no son aisladas, pero sí forman parte de un debate que recién comienza a tomar fuerza en el ámbito político y académico. La discusión sobre el futuro del Instituto Nacional de Colonización implica revisar no solo sus herramientas, sino también su rol en el desarrollo del país. Entre la tradición y la innovación, entre lo social y lo productivo, el INC enfrenta el desafío de adaptarse a un Uruguay distinto al que le dio origen.