En medio de una fuerte polémica y con los Centros Regionales de Profesores del Litoral (Salto) y del Norte (Rivera) ocupados, la Mesa Representativa Nacional del sindicato de Formación en Educación emitió un comunicado bajo el título “Puñalada trapera”, en el que denuncia decisiones del Consejo de Formación en Educación (CFE) que, según afirman, constituyen “un golpe brutal” al sistema formativo y a la descentralización educativa del país. El comunicado sostiene que el CFE, integrado por los consejeros políticos partidarios Walter Fernández Val, Martina Bailón y Laura Donya, resolvió reducir drásticamente la cantidad de grupos y cursos que serán impartidos en 2026. “Esto perjudica severamente el funcionamiento de los institutos de formación docente y educador a nivel nacional”, expresan. Desde el sindicato se considera que la medida vulnera la Ley de Negociación Colectiva, al haberse tomado “sin pasar por las instancias bipartitas correspondientes” y, además, de manera “traicionera”, pues “se decidió mientras se negociaba con el sindicato el reglamento de elección de horas sin advertir que se iba a cambiar la oferta de trabajo”.

De la presencialidad al modelo semipresencial

El eje del conflicto está en la sustitución de cientos de grupos presenciales por modalidades semipresenciales, lo que, según el comunicado, implica la eliminación de más de 222 grupos y 8.000 horas de clase. Las autoridades —se denuncia— están “eliminando grupos de trabajo presencial en los que profesores y estudiantes comparten experiencias cara a cara, sustituyéndolos casi en su totalidad por instancias en plataforma”. Desde la perspectiva sindical, esto centraliza la formación en Montevideo y deja “instituciones vacías en el resto del país”, atentando contra la descentralización que había sido uno de los pilares del sistema.

Impacto laboral y educativo

El sindicato advierte que el recorte presupuestal generará un “efecto dominó” con desempleo docente y pérdida de oportunidades de formación para miles de jóvenes. “Decenas de profesores no podrán completar su carga horaria y se verán obligados a tomar horas en otros subsistemas educativos”, señalan. Pero el problema no se limita al empleo. También se afecta —afirman— el derecho a estudiar. La modalidad semipresencial, recuerdan, “fue concebida como una alternativa para casos excepcionales, no como la regla general”. Transformarla en el nuevo modelo “reduce el trabajo en aula y empobrece la experiencia educativa”.

Retroceso en la descentralización

La Mesa Representativa sostiene que las decisiones del CFE implican “un retroceso respecto a políticas de descentralización que creíamos consolidadas” y “un atropello a la democratización de la educación pública”. En muchas zonas del interior, recuerdan, las carreras de profesorado, magisterio o educación social son la única posibilidad de formación terciaria. Por eso, temen que el nuevo esquema deje a miles de jóvenes sin acceso real a la educación. El comunicado subraya la responsabilidad política del Codicen de la ANEP, que deberá decidir si respalda o no este ajuste. “El déficit generado por malas decisiones no puede ser solventado reduciendo las posibilidades de educación a cientos de jóvenes”, remarcan. Desde el movimiento sindical aseguran que las medidas se tomaron a espaldas de docentes y estudiantes, y que constituyen una “puñalada trapera” contra la Formación en Educación.

Movilización en todo el país

Mientras tanto, los CERP del Litoral y del Norte permanecen ocupados, y se anuncian nuevas medidas de protesta en otros institutos.
“Hoy se están movilizando estudiantes y docentes de todo el país defendiendo la Formación en Educación frente a este brutal recorte”, concluye el comunicado, que exige a las autoridades dar marcha atrás con el ‘descuartizamiento’ del sistema y abrir un diálogo “serio y responsable” para modificar el Plan 2023.