Con la finalización del convenio que mantenían con la Intendencia de Salto hasta el 30 de junio, las ollas populares y merenderos de distintos barrios expresaron su preocupación y solicitaron a las autoridades entrantes que continúe el respaldo institucional a estas iniciativas sociales. El acuerdo, que otorgaba una partida mensual de 250 mil pesos para la compra de insumos, había permitido durante los últimos meses sostener la distribución de alimentos en zonas vulnerables del departamento. Hoy, desde la Red de Merenderos y Ollas de Salto, advierten que la situación alimentaria no ha mejorado y que, en consecuencia, sus servicios siguen siendo necesarios.

El Estado prioriza el comedor municipal

Mientras tanto, la Intendencia de Salto, en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), ha reforzado el trabajo del comedor municipal, donde se elaboran unos 1.200 platos diarios de lunes a viernes, totalizando alrededor de 6.000 platos semanales. Esta asistencia, institucionalizada y canalizada desde el Estado, llega a personas que retiran su comida en diferentes puntos de la ciudad. Sin embargo, desde el Mides se ha marcado una postura clara: los comedores populares deben dar paso a la acción del Estado y no recibir apoyo estatal directo. Esta visión ha generado tensiones con las organizaciones sociales, que sostienen que sus redes cumplen un rol complementario, muchas veces allí donde la cobertura estatal no llega.

Un tejido solidario que no se rinde

Pese a las dificultades y a la falta de certezas de cara al futuro, el movimiento de ollas populares ha manifestado su decisión de continuar trabajando. Aseguran que gran parte de los alimentos que reparten provienen de donaciones privadas, y que la organización comunitaria ha sido clave para sostener la atención en distintos barrios.

Por eso, apelan a que la nueva administración de la Intendencia (que asumirá la semana próxima) no corte los lazos con estas iniciativas y considere un esquema de apoyo que permita su continuidad.

“Las ollas no son un capricho ni una competencia con el Estado, son una respuesta solidaria a una necesidad real que sigue existiendo”, señalan desde la Red. El planteo ya fue elevado y esperan que las autoridades lo tomen en cuenta.