Una demanda iniciada por un grupo reducido de trabajadores cosecheros contra la empresa citrícola Camposol ha generado una situación incómoda para el Sindicato Citrícola, que ahora deberá intervenir ante la Justicia en un caso que considera innecesario. El conflicto se remonta a la zafra del año pasado, cuando la empresa —de capitales peruanos— despidió a unos 200 trabajadores de forma sorpresiva. En aquel momento, la rápida intervención del sindicato de organizaciones de trabajadores rurales, permitió revertir la medida mediante negociaciones que culminaron con la reincorporación total de los afectados.

El acuerdo quedó formalizado en un acta firmada por ambas partes, garantizando el retorno efectivo de los trabajadores a sus tareas, lo que finalmente se cumplió. Sin embargo, pese a esta resolución, un grupo menor de cosecheros decidió iniciar acciones judiciales por despido indebido, reclamando indemnizaciones cercanas a los 200.000 pesos por persona.

Desde el sindicato se señala que el reclamo desconoce el acuerdo alcanzado y ejecutado, ya que, en los hechos, el despido no se concretó de manera definitiva. Esta situación coloca a la organización sindical en una posición compleja, dado que deberá comparecer ante la Justicia para respaldar lo firmado y cumplido, aun cuando eso implique contradecir a los trabajadores demandantes.

Dirigentes sindicales fueron claros al respecto: sostienen que el compromiso asumido con la empresa debe ser respetado y defendido, reafirmando la validez del acuerdo que permitió recuperar las fuentes laborales.

El caso se encuentra en su etapa final de análisis judicial, y todo indica que el resultado estará condicionado por la existencia del acta y el efectivo reintegro de los trabajadores. Mientras tanto, el episodio deja al descubierto tensiones internas y abre el debate sobre los límites de este tipo de reclamos en contextos donde los conflictos ya habían sido resueltos por la vía de la negociación colectiva.