La insistencia del Frente Amplio en avanzar sobre el sistema de ahorro previsional administrado por las AFAP, pese a una reciente y clara expresión de la voluntad popular, constituye un preocupante síntoma de degradación institucional. No se trata aquí de una mera discrepancia ideológica ni de una legítima alternancia de modelos de política pública; se trata, más profundamente, de una tensión entre la soberanía popular y la tentación de reescribirla desde el poder.

Proyecto rechazado

El proyecto de apropiación estatal de los fondos acumulados durante décadas por los trabajadores uruguayos no solo implica un cambio radical en las reglas de juego, sino que además desconoce el pronunciamiento ciudadano que, en un plebiscito, rechazó avanzar en esa dirección. Esos ahorros no son una entelequia ni una cifra abstracta en una planilla estatal: son el resultado de años de esfuerzo individual, protegidos por un sistema que, con sus virtudes y defectos, fue validado indirectamente por la ciudadanía al rechazar su desmantelamiento.

En una república democrática, la voluntad popular no puede ser tratada como un obstáculo circunstancial que se sortea con mayorías simples. Cuando el pueblo se pronuncia directamente —ya sea mediante referéndum o plebiscito— su decisión adquiere un peso cualitativamente distinto al de una ley ordinaria. No basta con alegar que “no hay impedimento formal” para revertirla; lo que está en juego es la legitimidad sustantiva del sistema político. Si el Parlamento puede, con una mayoría ocasional, desandar lo que la ciudadanía resolvió de forma directa, entonces el mecanismo de democracia directa se vacía de contenido.

Mayorías especiales

Por eso, resulta razonable —y hasta necesario— sostener que toda decisión adoptada por el pueblo en forma directa solo debería ser modificada por mayorías parlamentarias especiales, como tres quintos o dos tercios. Este tipo de exigencia no es un capricho procedimental, sino una garantía institucional: obliga a construir consensos amplios antes de alterar decisiones que emanan directamente del soberano.

El antecedente señalado por el Dr. Eduardo Durquet en 2024 resulta particularmente ilustrativo. El abogado recordaba que en julio de 2020 se aprobó la Ley de Urgente Consideración, un cuerpo normativo extenso que abarcaba múltiples áreas. Contra 135 de sus artículos, el Frente Amplio promovió un referéndum. En marzo de 2022, la ciudadanía rechazó el recurso, confirmando la vigencia de la ley. Sin embargo, apenas dos años después, ya en clave electoral, dirigentes frenteamplistas anunciaban su intención de derogar la LUC si alcanzaban el gobierno.

Vox Populi, Vox Dei

Durquet señalaba con claridad que, desde el punto de vista formal, nada impide que el Parlamento derogue una ley ratificada en referéndum. Pero también advertía sobre la dimensión simbólica y política de ese acto. La máxima “Vox populi, vox Dei” no es una norma jurídica, pero sí un principio republicano profundamente arraigado: cuando el pueblo habla directamente, su voz debería tener un peso que trascienda las coyunturas parlamentarias.

Las afaps

Lo que hoy se plantea con las AFAP es aún más grave. No se trata de modificar artículos de una ley compleja, sino de apropiarse de recursos que pertenecen a los ciudadanos, bajo el argumento de una mejor gestión estatal. Más allá de la discusión técnica sobre la eficiencia o equidad del sistema, lo inaceptable es avanzar en contra de una voluntad popular reciente.

Si esta lógica se consolida, el mensaje es claro y peligroso: votar sirve, pero solo hasta que el poder político decide otra cosa. Y ese es un lujo que una democracia seria no puede permitirse. Uruguay ha construido, durante décadas, una institucionalidad sólida basada en el respeto a las reglas y a la palabra ciudadana. Erosionarla por conveniencia política sería un retroceso difícil de justificar y aún más difícil de reparar.