La seguridad vial continúa siendo uno de los grandes desafíos de Uruguay. Aunque en las últimas décadas se han registrado avances normativos y se ha fortalecido el trabajo de organismos especializados, las cifras de siniestralidad siguen siendo preocupantes y, según quienes trabajan diariamente en la prevención, aún falta una estrategia integral que permita reducir de manera sostenida los accidentes y sus consecuencias.

Ese fue el eje de una entrevista realizada en el Streaming de Diario La Prensa a Andrea Cardozo y Alba Curbelo, integrantes de la Mesa Departamental de Tránsito de Salto, quienes desde hace años desarrollan una tarea voluntaria de concientización, educación y promoción de políticas públicas orientadas a proteger la vida en las calles.

Del dolor personal al compromiso colectivo

Tanto Andrea Cardozo como Alba Curbelo llegaron a esta causa atravesadas por tragedias familiares. En el caso de Cardozo, la pérdida de un primo en un siniestro de tránsito en 2007 fue el punto de partida para comenzar a estudiar seguridad vial y transformarse en una referente en la materia.

"Nuestro trabajo es de hormiga", afirmó, al explicar que la prevención requiere constancia, formación técnica y un compromiso que trascienda los gobiernos de turno. Recordó que la Organización Mundial de la Salud considera la siniestralidad vial una verdadera pandemia y que desde 2010 exhorta a los países a adoptar medidas concretas para disminuir las muertes y lesiones en el tránsito.

Alba Curbelo, por su parte, relató la historia de su hijo Gonzalo, fallecido en marzo de 2008 en un siniestro ocurrido en la zona de Arenitas Blancas. Lo que comenzó como una búsqueda de respuestas derivó en un fuerte trabajo de defensa de los derechos de las víctimas y sus familias.

Además del dolor por la pérdida, debió enfrentar un proceso judicial que, a su entender, estuvo marcado por la impunidad y decisiones difíciles de comprender. Incluso llevó su caso ante la Suprema Corte de Justicia para denunciar presuntas irregularidades en la actuación judicial.

Picadas, velocidad e impunidad

Uno de los aspectos abordados fue el fenómeno de las picadas ilegales y la velocidad excesiva, factores presentes en numerosos siniestros graves.

Curbelo recordó que el accidente en el que murió su hijo estuvo vinculado a una carrera clandestina entre vehículos. A su juicio, estos hechos continúan ocurriendo porque muchos conductores no dimensionan el riesgo que representan tanto para ellos como para terceros completamente ajenos a esas conductas.

Las integrantes de la Mesa Departamental sostienen que combatir este problema exige la participación coordinada de múltiples organismos. Para Cardozo, no alcanza únicamente con el trabajo de los inspectores de tránsito. Es necesario articular acciones entre gobiernos departamentales, Ministerio del Interior, Poder Judicial, Fiscalía, especialistas en psicología y organismos nacionales dedicados a la seguridad vial.

En ese sentido, insistió en la necesidad de crear fiscalías especializadas en tránsito, un proyecto que desde hace años permanece sin concretarse.

Una política integral para salvar vidas

Cardozo remarcó que la seguridad vial no puede reducirse exclusivamente a campañas educativas o controles esporádicos.

A su entender, el problema debe abordarse como un sistema compuesto por varios pilares fundamentales. Entre ellos mencionó una inversión sostenida en infraestructura vial, calles diseñadas con criterios modernos de seguridad, auditorías técnicas permanentes y la incorporación de ingenieros especializados en seguridad vial dentro de los gobiernos nacionales y departamentales.

También consideró imprescindible que la educación vial pase a ser obligatoria desde los primeros años de escolaridad y continúe durante todo el proceso educativo, incluyendo eventualmente la formación universitaria para generar técnicos especializados.

Otro aspecto señalado fue la necesidad de contar con vehículos más seguros y recuperar herramientas como las inspecciones técnicas vehiculares, que años atrás funcionaban en Salto y luego dejaron de aplicarse.

Los usuarios más vulnerables

En la oportunidad advirtieron sobre la situación de quienes presentan mayor riesgo en la vía pública, peatones, ciclistas, motociclistas y personas con discapacidad.

Recordaron que recientemente impulsaron una bicicleteada inclusiva para visibilizar la necesidad de construir ciudades donde todas las personas puedan desplazarse con seguridad, independientemente de sus condiciones físicas.

Para ellas, la planificación urbana debe contemplar infraestructura accesible y espacios seguros que reduzcan la exposición al riesgo de los usuarios más vulnerables.

Más controles y sanciones efectivas

Hoy hay una necesidad de fortalecer el control y la fiscalización. Cardozo sostuvo que la educación debe estar acompañada por organismos especializados, con capacitación permanente y presencia efectiva en las calles. Puso como ejemplo la experiencia de otros países donde existen controles constantes, sistemas tecnológicos avanzados y sanciones severas para quienes incumplen las normas.

Curbelo coincidió en que Uruguay dispone de normas que sancionan conductas graves como el exceso de velocidad, las picadas, el consumo de alcohol o drogas al conducir y determinadas maniobras peligrosas. Sin embargo, entiende que muchas veces esas disposiciones no se aplican con el rigor necesario y las condenas terminan siendo insuficientes.

Desde la Red Nacional de Víctimas continúan promoviendo modificaciones legislativas para lograr penas más efectivas y un tratamiento especializado de estos delitos.

Nuevos vehículos, nuevos desafíos

La expansión de los monopatines eléctricos, bicicletas eléctricas y otros vehículos de movilidad personal representa un nuevo escenario para la seguridad vial.

Andrea Cardozo dijo que la tecnología avanzó más rápido que la normativa. Explicó, todavía no existen reglas claras y uniformes para regular su circulación ni infraestructura adecuada para integrarlos de forma segura al tránsito.

Además, manifestó preocupación por el creciente número de menores que utilizan estos vehículos sin casco ni elementos de protección, así como por el aumento sostenido de lesionados registrado en los últimos años.

Un cambio cultural que sigue pendiente

Más allá de las reformas legales y las inversiones necesarias, tanto Cardozo como Curbelo coinciden en que el cambio más importante debe producirse en la conducta de cada ciudadano.

La responsabilidad individual, el respeto por las normas, la convivencia entre todos los usuarios de la vía pública y la comprensión de que cualquier imprudencia puede cambiar una vida en cuestión de segundos constituyen, según ambas, el verdadero desafío.