Karina Núñez habló con Diario La Prensa y defendió el proyecto desde una mirada de derechos e inclusión. En medio de un tema que empieza a instalarse con fuerza en la opinión pública, el acceso a la sexualidad para personas con discapacidad volvió a generar debate en todo el país. Las repercusiones no se hicieron esperar, tanto a favor como en contra, cada vez que se conocen detalles de una iniciativa que ya alcanza a más de 100 personas. Diario La Prensa dialogó telefónicamente con Karina Núñez, ex trabajadora sexual y principal impulsora del proyecto, quien explicó cómo surgió la idea, cómo se lleva adelante y qué impacto ha tenido en las familias. “Siempre es un gusto hablar con Salto, es parte de mis inicios”, expresó al comenzar la entrevista, recordando sus primeras experiencias laborales en la ciudad.

UNA REALIDAD QUE EXISTÍA, PERO SIN VISIBILIZACIÓN

Núñez fue clara al señalar que el vínculo entre trabajadoras sexuales y personas con discapacidad no es algo nuevo. “Siempre fuimos quienes mayoritariamente atendimos a personas con discapacidad. Esto no es una novedad”, explicó. Sin embargo, indicó que lo diferente en este caso fue el enfoque. A partir del año 2012, comenzaron a trabajar con mayor conciencia sobre los derechos de estas personas, adaptando el servicio a sus necesidades. “Fueron ellos mismos quienes nos fueron guiando: qué faltaba, qué estaba bien y qué había que mejorar”, relató.

DE LA EXPERIENCIA A LA PROFESIONALIZACIÓN

Con el paso del tiempo, el trabajo fue tomando otra dimensión. Núñez explicó que junto a otras compañeras comenzaron a formarse por su cuenta, sin apoyo económico estatal. “Pagamos nuestras capacitaciones, contratamos enfermeras, aprendimos a movilizar personas con distintas condiciones y hasta hicimos cursos de reanimación”, contó. También destacó el vínculo con la academia, que permitió ponerle nombre a lo que venían haciendo. “En otros países se habla de facilitación sexual. Ahí entendimos que esto también tenía un marco teórico”, agregó.

EL ROL CLAVE DE LAS FAMILIAS

Uno de los aspectos más particulares del proyecto es que, según explicó Núñez, el vínculo no se da directamente con los usuarios, sino con sus familias. “Nosotros trabajamos únicamente con las familias. Son ellas las que contratan el servicio”, señaló. Esto se da, principalmente, en casos de discapacidades severas, donde las decisiones no siempre pueden ser tomadas de forma autónoma. A partir de ese contacto, se va construyendo el proceso, con devoluciones constantes que permiten ajustar la atención.

CAMBIOS QUE SE NOTAN EN LA VIDA DIARIA

Consultada sobre los resultados, Núñez aseguró que las propias familias han reportado mejoras concretas. “Una de las cosas que más nos dicen es que bajó el consumo de ansiolíticos y la ansiedad”, explicó. También mencionó cambios en la convivencia y en el comportamiento de las personas asistidas. “Muchas veces se habla de ‘angelitos’, pero son personas con deseo, con sexualidad. Cuando eso se reprime, aparecen otros problemas”, afirmó.

CRÍTICAS Y RESPUESTAS

El tema no ha estado exento de cuestionamientos, sobre todo en redes sociales. Sin embargo, Núñez relativizó esas críticas. “En 14 años nunca pasó lo que está pasando ahora. Pero lo importante es que ninguna familia dejó de participar”, sostuvo. Y fue más directa: “Si a quienes lo necesitan no les importa lo que se diga, a nosotros menos”.

UNA DISCUSIÓN QUE RECIÉN EMPIEZA

De cara al futuro, Núñez planteó cuál sería, para ella, el escenario ideal. “A mí me gustaría que nadie tuviera que pagar por sexo, que las personas con discapacidad puedan desarrollar su sexualidad libremente”, expresó. Pero mientras eso no ocurra, considera fundamental que exista un abordaje profesional. “Si queremos que cualquier persona sea bien atendida, ¿por qué no pensar lo mismo para alguien con discapacidad?”, concluyó. El tema, lejos de cerrarse, sigue abriendo preguntas en la sociedad uruguaya sobre derechos, inclusión y una realidad que durante mucho tiempo permaneció en silencio.