La Suprema Corte de Justicia (SCJ) ha generado una profunda controversia en el ámbito judicial uruguayo tras sancionar a dos defensoras públicas por su actuación en un caso que data de 2013, decisión que es disparador sobre un debate sobre la independencia técnica de los profesionales de la defensa. El pasado 19 de diciembre de 2024, la SCJ resolvió aplicar sanciones disciplinarias a las abogadas Gabriela Machado y Lorena Suárez, profesionales con amplia trayectoria judicial de 30 y 7 años respectivamente. La resolución ha sido inmediatamente cuestionada por la Asociación de Defensores de Oficio del Uruguay (Adepu), que ve en esta medida un grave ataque a la autonomía profesional.

Detalles de la sanción

La resolución judicial establece diferentes consecuencias para cada profesional. Una de las defensoras fue suspendida durante 20 días con retención de su salario, mientras que a la otra se le impuso una observación en su legajo profesional. La decisión fue avalada únicamente por el Ministro Sosa y las Ministras Minvielle y Martínez.Lo más llamativo del caso es que tanto los informes de la abogada sumariante como de la división jurídica habían recomendado el archivo de las actuaciones, considerando que un error semántico no justificaba sanción alguna. El origen de la controversia se remonta a un proceso penal donde las defensoras representaban a una mujer en situación de extrema vulnerabilidad, acusada como autora inimputable de un delito de homicidio especialmente agravado. La estrategia de defensa logró un resultado favorable para la imputada: evitar su condena y privación de libertad, y conseguir que recibiera el tratamiento psiquiátrico necesario

Argumentos de la defensa

La Asociación de Defensores Públicos argumenta que la sanción demuestra un profundo desconocimiento de su labor profesional. Sostienen que los defensores no son responsables de controlar la regularidad procesal, sino de garantizar la mejor defensa posible para su representado."No podemos subordinar los intereses de nuestros defendidos a otros intereses sociales o institucionales", señala el comunicado de Adepu, citando jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Defensoría Pública

El caso ha puesto sobre la mesa un debate más amplio sobre la estructura y autonomía de la Defensoría Pública. La asociación exige trabajar bajo una estructura que garantice la independencia técnica y comprenda la complejidad de su labor profesional. Un dato revelador es que los magistrados involucrados en el mismo caso recibieron sanciones más leves, sin consecuencias económicas, lo que para Adepu evidencia un trato discriminatorio hacia los defensores público. LA PRENSA se comunicó con la defensora pública de Salto, Dra. Lorena Suárez, quien amablemente respondió que consultaría con su abogado y la Asociación antes de emitir cualquier declaración personal.