El catalán, el euskera o vasco y el gallego se pueden utilizar desde este martes junto con el castellano en el Congreso de los Diputados, la Cámara baja del Parlamento español. Su uso fue acordado la pasada semana en la Mesa del Congreso por la mayoría progresista en este órgano rector de la Cámara, aunque en esta misma sesión, el primer pleno de la XV Legislatura, se debate una proposición para iniciar el proceso de adaptación del reglamento, que hasta ahora solo incluye el castellano. El Congreso contó por primera vez con traducción simultánea, como ya sucedía desde hace unos años en determinadas circunstancias en el Senado español.

Grupos como el Partido Popular, el de mayor representación en la Cámara pero que no preside la Mesa, se oponen con argumentos como el coste de los traductores, la falta de un informe jurídico favorable y de una reforma previa del reglamento.

Vox, tercera fuerza en el Congreso, interrumpió la sesión nada más comenzar con la intervención de un diputado hablando en gallego y sus parlamentarios abandonaron el hemiciclo dejando los auriculares para la traducción simultánea (conocidos en España como pinganillos) en el escaño del presidente del Gobierno en funciones, el socialista Pedro Sánchez, ausente al estar fuera de España en viaje oficial.

El uso de estas lenguas fue exigido por formaciones como los independentistas catalanes de ERC (Esquerra Republicana de Catalunya) y Junts per Catalunya para apoyar a la socialista Francina Armengol como presidenta del órgano rector.

ERC y Junts han avanzado que utilizarán el catalán en todas sus intervenciones, mientras que el Partido Nacionalista Vasco (PNV) y el independentista Euskal Herria Bildu tienen previsto emplear tanto el castellano como el euskera y también diputados de otras formaciones, como la de izquierda Sumar, con el gallego.

El empleo de estas lenguas fue anunciado por la presidenta del Congreso el pasado agosto cuando se constituyó la Cámara tras las elecciones de julio, el mismo día en que el Gobierno de España en funciones solicitó que sean incluidas en el régimen lingüístico de la Unión Europea (UE).

La UE decidió precisamente este martes aplazar su posible aprobación, ante las dudas jurídicas, financieras y prácticas planteadas por la mayoría de países. La Constitución española establece que el castellano es "la lengua española oficial del Estado" y que "las demás" pueden serlo en sus respectivas regiones, como sucede con el catalán, el vasco, el gallego y el valenciano.

Además de esas lenguas "cooficiales", se podrán utilizar en el Congreso otras que no lo son, como el aragonés y el bable (o asturiano), aunque en este caso los diputados deberán traducirse a sí mismos en sus intervenciones.