El asesinato del fiscal ecuatoriano César Suárez, acribillado a tiros el miércoles en la ciudad de Guayaquil, pasó a engrosar la abultada lista de fiscales, jueces, agentes de prisiones y políticos cuyas vidas han sido arrebatadas en los últimos meses en atentados atribuidos a las bandas del crimen organizado. Suárez, que investigaba el caso de la toma de un canal de televisión el pasado 9 de enero durante una oleada de atentados y acciones violentas vinculadas a estas bandas, se había hecho conocido en la portuaria ciudad por sus investigaciones anticorrupción, sobre todo aquellas referentes a presuntas irregularidades en hospitales durante la pandemia. Entre los casos más sonados investigaba presuntas compras y contratos irregulares por cantidades millonarias para hospitales públicos bajo sospechas de haber sido firmados con sobreprecio y de haber causado un perjuicio económico al Estado.

Sin embargo, a Suárez también le llegó el caso más mediático de la ola de violencia acontecida en diferentes ciudades de Ecuador el 9 de enero y asumió el expediente de la toma del canal TC Televisión con el interrogatorio a los trece detenidos por ese asalto, entre ellos dos menores de edad.

Un día antes de su asesinato había reclamado la falta de protección y resguardo, consciente de que podía estar en la mira de la banda criminal detrás de la toma de canal que, según la Policía, puede tratarse de 'Los Tiguerones', una de las 22 que el Gobierno de presidente Daniel Noboa a las que les ha declarado la "guerra interna" y las ha clasificado de grupos "terroristas" tras la oleada de atentados y violencia de la pasada semana.

El asesinato de Suárez se dio en medio del estado de excepción por "conflicto armado interno" decretado por el Gobierno, de la misma forma que en la víspera fue asesinado un agente de prisiones en la amazónica provincia de Sucumbíos, fronteriza con Colombia.