La dictadura de Nicaragua impulsó dos reformas a la Constitución Política del país la última semana. Tres en el mes. Cinco en el año. Y 11 en los últimos cinco años, como parte de un frenesí reformista que, a criterio del abogado Juan Diego Barberena, busca blindar la sucesión de Rosario Murillo una vez que Daniel Ortega muera. La Asamblea Nacional aprobó este miércoles, por unanimidad y sin discusión, una reforma que introduce un cambio de fondo en la Policía Nacional. La modificación al artículo 125 de la Carta Magna eliminó la figura del director general y la sustituyó por una jefatura dual.

Sin embargo, a pesar de que la reforma solo puede entrar en vigor después de ser aprobada en una segunda legislatura, la próxima comienza en enero de 2026. Este viernes La Gaceta, diario oficial, publicó el Acuerdo Presidencial 126-2025, que nombra al comisionado general Juan Victoriano Ruiz Urbina como “Jefe de las Fuerzas Policiales”, quien compartirá el puesto con el comisionado general Francisco Díaz, consuegro de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

“Hoy se presentó en conferencia de prensa el Comisionado General, Primer Comisionado General Francisco Díaz, junto al Comisionado General Victoriano Urbina anunciando cómo está integrada la jefatura de las fuerzas policiales de nuestra Nicaragua”, dijo Rosario Murillo un día antes en su alocución diaria en medios oficialistas. Murillo defendió la reforma como una respuesta a la “demanda creciente de seguridad”. Según sus palabras, “la jefatura de las Fuerzas Policiales es a partir de la reforma a la Constitución que se realizó precisamente por la demanda creciente de nuestro pueblo, que siempre está buscando la seguridad, procurando, demandando, exigiendo, lo que debemos nosotros garantizar: seguridad ciudadana en las comarcas, en los barrios, en las comunidades, en las ciudades, en todas partes, más seguridad”.

Desde 1987, cuando fue promulgada, la Constitución Política de Nicaragua sufrió 20 reformas. La más profunda entró en vigor en febrero de 2025, con cambios en 187 de sus 202 artículos. Aquel fue, en palabras de Barberena, un “desmembramiento constitucional” que persiguió dos objetivos: “la concentración absoluta del poder y la viabilidad jurídica de la sucesión dinástica”.

En los cinco últimos años, el ritmo ha sido inédito: once enmiendas, que superan las nueve acumuladas en los 33 años previos.