El Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) abrió una investigación sobre la posible ejecución de más de 306 prisioneros de guerra ucranianos a manos de militares del Ejército ruso desde el inicio de la invasión en 2022. El jefe del Departamento de Investigación del organismo, Andri Shvets, explicó que desde febrero de aquel año hasta abril de 2026 se han abierto 116 procedimientos vinculados con estas ejecuciones.

Las pesquisas se centran en hechos ocurridos principalmente en la región de Donetsk y en la zona rusa de Kursk, lugares donde se han documentado métodos de ejecución extrema, como decapitaciones, asesinatos masivos y desmembramientos. Tras una operación militar ucraniana en Kursk en 2024, el presidente ruso, Vladimir Putin, calificó a los combatientes del bando de Kiev como “terroristas que podían ser aniquilados”, frase que Shvets relacionó directamente con los crímenes investigados.

En el marco de estas investigaciones, nueve militares rusos figuran entre los principales sospechosos, mientras otros siete permanecen bajo la lupa de los servicios de inteligencia y cinco ya han recibido condenas judiciales por estos hechos.

Paralelamente, Ucrania enfrenta amenazas adicionales en su territorio, entre ellas la intensificación de ataques rusos cerca de instalaciones nucleares clave. El fiscal general Ruslan Kravchenko denunció que Rusia ha lanzado drones y misiles, incluidos los hipersónicos Kinzhal, siguiendo trayectorias próximas a la planta nuclear de Chernobyl y a la central de Khmelnytskyi.