El Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) prevé transformar un módulo del complejo penitenciario de Santiago Vázquez para brindar tratamiento a personas privadas de libertad con adicciones. El centro, financiado con un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), dispondrá de técnicos especializados que atenderán hasta 200 pacientes, explicó el director del INR, Luis Mendoza, durante un seminario internacional. El anuncio fue realizado en el marco de un seminario académico sobre consumo problemático de sustancias en privación de libertad, con especialistas locales e internacionales. La jornada fue organizada por el Consejo de Política Criminal y Penitenciaria, con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, entre otros organismos.

El INR abarca 26 centros carcelarios, en los que hay 14.971 personas privadas de libertad, de las que unas 450 reciben tratamiento por adicciones, aseveró Mendoza. El jerarca distinguió entre las encarceladas por consumo problemático de sustancias y las procesadas por enriquecerse con la venta de drogas en los ámbitos local o internacional; el número de estas últimas ha aumentado de forma significativa a raíz de los procedimientos realizados por el Ministerio del Interior, afirmó.

Además, explicó que, en el marco de la Rendición de Cuentas, se incluyó una iniciativa para afectar el patrimonio de las personas procesadas por venta de drogas y así reducir su poder tanto económico como dentro de los establecimientos carcelarios.

Mendoza señaló que se trabaja para transformar un módulo de la Unidad n.° 4, complejo penitenciario de Santiago Vázquez, en una clínica con técnicos especializados, que ofrezca tratamiento contra adicciones a unos 200 internos. El proyecto sería financiado a través de un préstamo del BID.

En la oportunidad, el secretario general de la Junta Nacional de Drogas, Daniel Radío, consideró que hay que profundizar y fortalecer la labor entre organismos. Indicó que la JND procura la articulación interinstitucional y que el desafío es generar acciones compartidas. Asimismo, indicó que el consumo de drogas en personas privadas de libertad es un asunto complejo, dinámico, cambiante, que requiere un abordaje multidisciplinario al momento de la intervención.

Finalmente, recordó que en 2022 se implementó un dispositivo de prevención en el sistema penitenciario, con énfasis en la información y la reflexión sobre el uso de sustancias, y que en 2023 se aplicó en varios módulos.

En la actividad también participaron el ministro del Interior, Luis Alberto Heber; la presidenta del Consejo de Política Criminal y Penitenciaria, Lourdes Salinas; la coordinadora nacional de Salud Integral del INR, Nathalie Stagnari, y la coordinadora de Salud Mental del Sistema de Atención Integral a las Personas Privadas de Libertad, Florencia Márquez.