El presidente Luis Lacalle Pou envió al Poder Legislativo, un proyecto con cuatro cambios a la ley de violencia basada en género. Se incluyen en la propuestas, penas más severas por denuncias falsas y se habilita la presentación de pruebas en defensa de los acusados. Los cambios propuestos por el Gobierno sobre la ley 19.580, más conocida como la ley de género, como primera modificación apunta al articulo tercero que al presente establece que en caso de que haya un conflicto o duda en la investigación debe prevalecer la interpretación "más favorable" a las mujeres en situación de violencia de género. En el nuevo proyecto, el gobierno mantiene el argumento pero agrega que en “ningún caso” se pueden “debilitar las garantías del debido proceso y las reglas de valoración de la prueba”.

También se propone una modificación a la valoración de la prueba, La legislación actual indica que se debe respetar el derecho y el interés superior de niñas, niños y adolescentes a dar su opinión y que no es válido utilizar argumentos técnicos para disminuir la credibilidad de sus testimonios.

También el nuevo texto indica que la defensa del acusado, que "pretenda hacer valer argumentos técnicos" se podrá respaldar "en prueba pericial evitando la revictimización secundaria".

Las denuncias falsas son notorias

En la exposición de motivos, se sostiene que las denuncias falsas son "notorias" y que generan consecuencias que afectan a los imputados y a las "verdaderas víctimas" que requieren protección del sistema.

Por este motivo se plantea que, si se comprueba que una denuncia es falsa, se pueda aplicar el delito de calumnia o simulación de delitos con penas de tres meses a tres años de prisión. Finalmente, el proyecto propone un cambio en la reparación patrimonial a la víctima, que en la actualidad recibe 12 ingresos mensuales o salarios mínimos por parte del acusado. Se plantea se pueda reclamar una reparación por la "vía procesar correspondiente" por daños “sin marcar montos".