La Caja de Profesionales Universitarios expresó su grave preocupación respecto a su capacidad para seguir pagando las jubilaciones a partir de junio de 2025. Según alertó la entidad, los fondos actuales no serán suficientes para cubrir los compromisos previsionales a partir de esa fecha, lo que pone en riesgo la estabilidad financiera del sistema jubilatorio de los profesionales universitarios.

En un comunicado reciente, el Directorio de la Caja solicitó medidas urgentes al próximo gobierno electo, a quien considera responsable de tomar decisiones que permitan paliar esta situación. A partir de la crisis financiera que atraviesa la institución, se destaca que los recursos disponibles actualmente permitirán cubrir las jubilaciones solo hasta junio del próximo año.

Una de las principales preocupaciones de los directivos es el destino del Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social (IASS) que los afiliados deben abonar.

Actualmente, este impuesto no queda en las arcas de la Caja de Profesionales, sino que se destina al Banco de Previsión Social (BPS), una situación que los responsables de la entidad consideran "injusta".

De acuerdo con el presidente de la Caja, Daniel Alza, el IASS generado por los pagos de los jubilados no debería subsidiar al sistema público, sino ser reinvertido directamente en la propia institución que administra las jubilaciones de los profesionales universitarios.

"Nosotros, los profesionales activos, pagamos este impuesto para que se nos garantice el pago de nuestras jubilaciones, pero actualmente esos fondos se destinan al Banco de Previsión Social, lo cual no tiene sentido", explicó Alza.

"Consideramos que este sistema es injusto y que el IASS debería quedarse en la Caja de Profesionales Universitarios, que es quien asume la responsabilidad de administrar estos recursos", indicó Alza.

Para respaldar esta demanda, el Directorio de la Caja contrató al abogado constitucionalista Martín Rizo, quien está evaluando las bases legales para reformar el destino de esos fondos. En este sentido, la entidad espera que el próximo gobierno tome medidas que permitan asegurar la viabilidad financiera de la institución y garantizar el cumplimiento de los pagos de las jubilaciones.

La situación genera alarma en los afiliados y en los profesionales jubilados, quienes temen que, sin una solución rápida, el sistema de pensiones del sector quede al borde del colapso. Los responsables de la Caja instan al gobierno a tratar este asunto con urgencia y aseguran que, en los próximos meses, harán un reclamo formal ante las autoridades electas.