El pedido del senador Andrés Ojeda a la Presidencia de la República no tiene nada de extraordinario: solicitó, amparado en la Ley de Acceso a la Información Pública, copia de la denuncia penal que el propio Gobierno anunció haber presentado ante la Justicia en el tan llevado y traido caso  de las patrulleras océanicas, encargadas al astillero gallego Cardama. 

Lo lógico, en un Estado que se proclama transparente, hubiera sido una respuesta clara y dentro del plazo normal que prevé la norma. Nada de eso ocurrió. El plazo legal venció el 5 de diciembre sin respuesta, pese a que el tema estaba en el centro del debate político y a días de una interpelación ministerial. Recién el 12 de diciembre llegó una contestación firmada por el subsecretario de Presidencia, Jorge Díaz, no para entregar la documentación solicitada, sino para adjudicarse 20 días más de plazo. Sin fundamentos. Sin explicaciones. Sin información.

La ley es clara: las prórrogas deben ser excepcionales y debidamente justificadas. Aquí no hay razones técnicas ni jurídicas visibles, solo una extensión del tiempo que, en los hechos, posterga el acceso a un documento que el propio Poder Ejecutivo decidió hacer público al anunciar su existencia.

La pregunta es simple: si hay una denuncia penal presentada, ¿por qué cuesta tanto mostrarla? ¿Qué se gana dilatando, estirando plazos y esquivando una respuesta directa?

La transparencia no se declama, se practica. Y cuando el Estado empieza a jugar al escondite con la información, lo que se resiente no es un trámite administrativo, sino la confianza pública. Porque el acceso a la información no es una concesión del poder: es un derecho.

También esta gestión, viene a sembrar la sospecha, de porque desde el gobierno y las filas del FA se  ha preocupado e insistido tanto, en acusar al senador Andrés Ojeda, de violar norma constitucional y hasta se llegó a sostener su posible destitución, todo lo que se ha desestimado, tras opiniones notorias de constitucionalistas no alineados con la linea del actual oficialismo.  

Todo hace pensar, que al calificado “Rasputín” se le están quemando algunas maniobras de dudosa justificación y real legalidad…