Los transportistas auto convocados se reunían este mediodía en Tacuarembó para analizar el impacto que, a su entender, tendría la implementación de la nueva Guía Electrónica de Carga impulsada por el Gobierno. Como resultado del encuentro, resolvieron elaborar un petitorio dirigido a la ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Echeverry, en el que plantearán 41 consultas y objeciones sobre el alcance de la iniciativa. Los voceros del movimiento señalaron que la preocupación no se limita a la digitalización del documento de carga, sino a las implicancias jurídicas y administrativas que, según afirman, trae aparejada la nueva normativa. Explicaron que sus cuestionamientos, fueron elaborados con el asesoramiento de especialistas en derecho tributario, quienes advirtieron sobre aspectos que podrían incluso entrar en conflicto con disposiciones constitucionales.

"No nos oponemos a los controles"

Los auto convocados insistieron en que no rechazan la fiscalización estatal. Por el contrario, recordaron que la actividad del transporte ya está sometida a estrictos controles relacionados con la documentación de los vehículos, habilitaciones de los choferes, seguros, obligaciones tributarias y exigencias sanitarias en el caso del transporte de ganado. "Si una empresa no cumple con esos requisitos, simplemente no puede circular", señalaron. En ese sentido, sostienen que la nueva guía electrónica representa un nivel adicional de control que excedería lo razonable y que permitiría al Estado acceder a información cuyo destino y utilización no han sido suficientemente explicados.

Defensa de las pequeñas y medianas empresas

Uno de los principales reclamos apunta a la situación económica del sector. Los transportistas afirmaron que las pequeñas y medianas empresas representan cerca del 80% del empleo generado por la actividad y denunciaron que las políticas públicas terminan favoreciendo a grandes grupos empresariales y multinacionales, mientras quienes sostienen la economía nacional enfrentan una creciente presión tributaria y elevados costos operativos. También cuestionaron los subsidios y beneficios que reciben determinados sectores económicos, mientras el transporte de carga continúa soportando un gasoil caro y una estructura de costos que compromete su rentabilidad. A su juicio, la falta de apoyo estatal está acelerando la desaparición de numerosas empresas nacionales.

Planteos al presidente sin avances

Los representantes del movimiento recordaron que, durante la anterior movilización, el presidente Yamandú Orsi mantuvo un contacto directo con los auto convocados y promovió la instalación de mesas de trabajo para abordar distintos problemas del sector, entre ellos aspectos vinculados a los Consejos de Salarios, la carga impositiva, el BPS y la DGI. No obstante, los avances han sido insuficientes y reclaman medidas concretas para mejorar la competitividad del transporte y fortalecer a quienes producen y generan empleo. Finalmente, expresaron su preocupación por la situación económica del país, afirmando que el creciente déficit fiscal y el aumento del costo de vida afectan directamente a quienes trabajan y pagan impuestos. "Necesitamos un Estado que apoye a la industria nacional y a quienes sostienen la producción, en lugar de seguir aumentando las cargas sobre las pequeñas empresas", concluyeron.