Mediante una conferencia de prensa, anoche, el gobierno anunció un acuerdo con el consorcio Grupo Vía Central, saldando así deudas por la construcción y puesta en funcionamiento del Ferrocarril Central. De esta forma, Ferrocarril Central, suspenderá un proceso de arbitraje internacional, al entender que  Este consorcio había hecho un anuncio meses atrás que causó preocupación al gobierno incluso antes el Estado incumplió el contrato y adeudaba US$ 160 millones.

En su momento, el entonces ministro de Transporte, José Luis Falero, dio sus explicaciones y descartó que haya habido incumplimientos, pero el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, alertó que la administración Luis Lacalle Pou les dejo “un clavo” y la ahora titular de Transporte, Lucía Etcheverry, procuró llegar a una solución. Hubo avances y ayer desde Torre Ejecutiva, mediante conferencia de prensa, se anunció el acuerdo que pone fin al diferendo. De la conferencia participaron el presidente Orsi, Sánchez, los ministros Lucía Etcheverry y Oddone, y el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Rodrigo Arim. Por el consorcio, Jesús Contreras y Alejandro Ruibal.

Negociación compleja dijo Orsi

Orsi, comunicó la novedad del acuerdo, señalando: "Nos toca a nosotros encontrar la salida para que Uruguay pueda seguir honrando los contratos, para que se pague lo que hay que pagar y  el proyecto del ferrocarril y la producción nacional tenga futuro", argumentando que este problema se generó en el período anterior. Agrego que este arreglo "tiene consecuencias" en las arcas del Estado y no era deseado. Pero, fue necesario "resolverlo ahora".

Oddone aportó los detalles del acuerdo

El ministro Oddone, explicó que el período de diferencias se divide en dos partes: uno desde diciembre de 2023 hasta el 7 de agosto de 2024, y otra desde el 8 de agosto de 2024 al 31 de marzo de 2025. En el primer momento había un funcionamiento de prueba con cargas parciales y luego sí se firmó el acta de puesta en servicio. Sobre la primera parte se acordó un pago de US$ 56,5 millones que está pendiente de aprobación por parte de un mediador que tendrá 60 días para pronunciarse sobre la cifra. Acerca de la segunda parte del período en cuestión, el gobierno acordó con el consorcio pagar "el 80% de lo que corresponde" y reconoció "algunos costos financieros asociados a demoras de pago".