Ayer, el senador Pedro Bordaberry presentó un proyecto de ley titulado “Reconciliación, Verdad y Nunca Más”, con el objetivo de cerrar de forma institucional las heridas del pasado reciente, a 40 años del retorno democrático. La iniciativa incluye dos medidas principales: el esclarecimiento definitivo del destino de las personas desaparecidas y la creación de un régimen humanitario de prisión domiciliaria para personas mayores de 75 años condenadas por hechos anteriores a marzo de 1985. Este beneficio sería a pedido del interesado, con autorización judicial, y sin modificar las condenas ni los derechos de las víctimas. El proyecto crea una Comisión Nacional por la Reconciliación y el Nunca Más, en la órbita de Presidencia, integrada por cinco miembros con pluralidad política, y un Archivo Nacional de la Verdad dentro del Archivo General de la Nación. Bordaberry afirmó que se trata de una propuesta orientada a la verdad documentada, la memoria y una reconciliación institucional bajo el compromiso del “Nunca Más”.

Atendiendo los dichos de seis presidentes

“Es un proyecto que en estos cuarenta años de democracia que estamos cumpliendo busca, en base a lo que han dicho todos los expresidentes -Sanguinetti, Lacalle Herrera, Jorge Batlle, Tabaré Vázquez, Mujica, Lacalle Pou-, la reconciliación. Atiende dos cosas que todavía no están resueltas. Una es que todavía no se conoce parte de la verdad de lo que sucedió con los desaparecidos, y obviamente hay un reclamo de un sector importante de la sociedad por eso. Y, por otro lado, hay un reclamo de que hay personas de 80 años que están presos en situaciones que no deberían estar”.

Goñi presento proyecto en Diputados

En paralelo, el diputado del Partido Nacional Rodrigo Goñi presentó un proyecto de ley que habilita la prisión domiciliaria para personas mayores de 70 años privadas de libertad por hechos ocurridos hace más de 30 años.

La iniciativa establece que el beneficio se otorgará a pedido de parte y con el cumplimiento de esos dos únicos requisitos: la edad y la antigüedad del hecho. Goñi sostuvo que la propuesta tiene un fundamento humanitario y recordó que existen antecedentes similares impulsados por Cabildo Abierto en la legislatura pasada. Según el legislador, el proyecto no busca reabrir el debate sobre la dictadura, sino inscribirse en la tradición del Derecho Penal uruguayo de aplicar soluciones humanitarias y conciliadoras, priorizando la dignidad de las personas y una mirada de futuro.