El Poder Ejecutivo presentó una demanda en la justicia civil contra el astillero español Cardama en la que reclama una compensación económica de 82 millones de euros por los perjuicios que, según sostiene, ocasionó al Estado el incumplimiento del contrato para la construcción de dos patrullas oceánicas (OPV) destinadas a la Armada Nacional. El escrito, de unas 200 páginas, detalla las irregularidades detectadas por el gobierno en el proceso y busca resarcir al Estado por los daños derivados de la frustrada operación.

La demanda, será tramitada ante el juez letrado en lo Civil de 9º turno, Alejandro Recarey, se suma a las acciones iniciadas por la administración de Yamandú Orsi luego de que en octubre de 2025 se constatara la falsedad de una de las garantías presentadas por Cardama. En ese momento el Poder Ejecutivo había presentado una denuncia penal y posteriormente resolvió rescindir el contrato firmado durante la anterior administración por incumplimientos que calificó como graves.

De acuerdo con la información trascendida, el gobierno señala que Uruguay ya abonó 28.794.500 euros al astillero durante el proceso de construcción de las embarcaciones. La demanda sostiene que esos pagos fueron realizados bajo la expectativa de que las garantías exigidas por el contrato eran válidas y podían ejecutarse en caso de incumplimiento.

En el escrito, el Poder Ejecutivo afirma que la actuación de Cardama “trasciende ampliamente la negligencia grave y presenta características propias del dolo”. La demanda sostiene que los incumplimientos de la empresa conformaron un “patrón” de conductas y reclama una reparación por los daños ocasionados al Estado uruguayo.