La Asociación de Magistrados del Uruguay se declaró en conflicto y anunció una batería de medidas gremiales en reclamo de mejoras salariales. Los jueces sostienen que el problema “trasciende la coyuntura presupuestal” y responde a un “deterioro estructural” de las remuneraciones y el trabajo judicial. Le dieron al Poder Ejecutivo y al Parlamento un plazo de 30 días para abrir un ámbito específico de negociación. En esta primera etapa, las medidas no alteran el servicio: al inicio de cada audiencia los jueces explicarán brevemente el conflicto, registrarán con fotos y videos las condiciones de trabajo en los juzgados, realizarán asambleas en horario laboral y aplicarán estrictamente los plazos legales, sin recurrir a herramientas de eficiencia procesal.