Dirigentes del Partido Nacional pidieron la renuncia de la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, luego de que el presidente Yamandú Orsi revocara su decisión de reducir de cinco a tres años la inhabilitación para ejercer la medicina de la anestesista Inés Miralles, condenada por homicidio culpable tras la muerte de la pediatra Soledad Barrera. La resolución presidencial restableció la sanción original de cinco años.

El diputado blanco Federico Casaretto respaldó la resolución presidencial, pero cuestionó la demora en adoptarla;  “Yo creo que el equipo de jurídica que llevó adelante esto y la propia ministra no pueden seguir en el cargo, no dan las garantías, el Presidente de la República acaba de desautorizar a una secretaria de Estado”. Lustemberg había defendido en reiteradas oportunidades su decisión de reducir la sanción, argumentando que se había basado en criterios jurídicos de proporcionalidad, razonabilidad e individualización de la pena. 

Ministra Lustemberg- “Se consideraron nuevas elementos”

En setiembre de este año Lustemberg admitió que habían surgido nuevos elementos durante la revisión del expediente y señaló que la decisión sobre su continuidad en el cargo correspondía al presidente Orsi. Ayer explicó los nuevos elementos que desembocaron en la resolución presidencial que fue firmada por ella y Orsi. “Cuando la mamá presenta ese recurso de revocación, en este caso al Poder Ejecutivo dirigido al presidente, ahí surgían otros elementos vinculados a la investigación. Al acuerdo abreviado en la órbita de la justicia penal, una investigación que tiene que ver con pericias; investigación que hubo en la mutualista SMI y en otros ámbitos que dieron mayores argumentos para volver a tomar la decisión de los cinco años con la evaluación de la unidad académica de anestesiología”.

La resolución presidencial

En la resolución de este martes, Presidencia tomó en consideración nuevas pruebas incorporadas al expediente, especialmente la sentencia penal del 18 de diciembre de 2025, por la que Miralles fue condenada a 24 meses de prisión, sustituidos por libertad a prueba, mediante un acuerdo en proceso abreviado.  En ese proceso, la anestesista reconoció su responsabilidad en los hechos, algo que no había ocurrido durante las actuaciones administrativas anteriores.  También se incorporó una pericia del Departamento de Medicina Legal y Ciencias Forenses que concluyó que no fue apropiada la extubación de la paciente después de sufrir un paro cardiorrespiratorio de causa no explicada. Los especialistas también detectaron contradicciones sobre el tiempo durante el cual la anestesista estuvo ausente del procedimiento y quién quedó a cargo del control anestésico.

La revisión incorporó asimismo un acuerdo alcanzado en junio de 2026 entre la madre de Barrera, el Servicio Médico Integral y Miralles, por el que el prestador se comprometió a pagar US$ 20.000 y la anestesista otros US$ 50.000.  Además, se consideró una investigación interna de la Sociedad Médica Universal por presuntas irregularidades en la actuación profesional de Miralles, que había llevado a esa institución a dejar de convocarla para procedimientos anestésicos desde abril de 2024. El MSP señaló que estos antecedentes no estaban disponibles cuando resolvió reducir la sanción. En consecuencia, Orsi confirmó la sanción original de cinco años, que incluye la obligación de someterse a una reevaluación profesional por parte de la Universidad de la República antes de finalizar el período de inhabilitación.