El sistema judicial es, o debería ser, el último refugio de la confianza pública. Allí donde todo parece teñido de intereses partidarios, de discursos encendidos y de estrategias electorales, la Justicia debe mantenerse firme, serena e imparcial. Por eso, cuando una fiscal que tuvo a su cargo una de las causas más sensibles y mediáticas del país es denunciada por presuntas graves irregularidades, no estamos ante un episodio menor. Estamos ante un hecho que, de confirmarse, erosiona la credibilidad institucional en su conjunto.

La ex fiscal de Delitos Sexuales, Alicia Ghione, hoy apartada y en calidad de indagada, enfrenta acusaciones que no pueden relativizarse ni minimizarse. Según surge de actuaciones judiciales y declaraciones públicas, un ex policía condenado en la trama vinculada al caso del ex senador Gustavo Penadés declaró que Ghione le habría entregado información extraída de la carpeta fiscal. No se trata de un detalle administrativo ni de un tecnicismo procesal: se trata, potencialmente, de la revelación de información reservada en una causa penal en curso.

El propio testigo sostuvo que recibió esos dispositivos para “preparar” su declaración. La gravedad institucional de tal afirmación es evidente. La Fiscalía no registra oficialmente esa entrega, pero existirían capturas de mensajes de WhatsApp y constancias de ingreso al edificio que coincidirían con lo relatado. Si estos extremos se confirman, el problema no sería solo disciplinario, sino penal.

Más aún, la denuncia no surge de adversarios políticos, sino de la propia interna del Ministerio Público. La fiscal María Isabel Ithurralde, quien subroga a Ghione, presentó una denuncia formal tras conocer los dichos del ex policía. A su vez, el fiscal Gilberto Rodríguez investiga la posible revelación de secreto, intentando reconstruir técnicamente desde qué equipo se habría descargado la información y cómo fue transferida.

El cuadro se completa con otros elementos inquietantes: reuniones con denunciantes en ámbitos no registrados oficialmente, omisiones en el tratamiento de evidencia contenida en celulares de testigos y una narrativa pública que colocó a determinados actores en el centro de la escena antes de que culminaran las instancias procesales. Todo ello configura un escenario donde la línea entre la búsqueda de justicia y la construcción de un relato político parece, al menos, difusa.

Conviene ser claros: la gravedad de los delitos sexuales exige investigaciones firmes y rigurosas. Nadie pretende banalizar denuncias de esa naturaleza. Pero precisamente por su sensibilidad, estos casos deben ser tramitados con apego absoluto a las garantías legales. Cuando quien conduce la investigación incurre en prácticas irregulares, el daño es doble: afecta el derecho de defensa del imputado y compromete la credibilidad de las propias víctimas.

El combate a los delitos sexuales no puede convertirse en bandera partidaria ni en escenario para gestos de protagonismo. La Justicia no es un campo de militancia. Es un ámbito de reglas, de prudencia y de responsabilidad técnica. Si una fiscal operó más movida por convicciones políticas que por el estricto respeto al debido proceso, la consecuencia es devastadora para el sistema.

Hoy la investigación sigue su curso. Será la Justicia la que determine responsabilidades. Pero mientras tanto, la ciudadanía asiste a un espectáculo preocupante: fiscales denunciando a fiscales, testigos hablando de entrega de información reservada, registros informáticos que deben reconstruirse para saber qué ocurrió puertas adentro del Ministerio Público.

En una República seria, nadie está por encima de la ley. Tampoco quienes tienen la misión de aplicarla. Si se confirma que se manipuló información, que se direccionaron testimonios o que se vulneró el secreto profesional para fortalecer una teoría acusatoria, el daño no recaerá solo sobre un caso concreto. Recaerá sobre la confianza pública en la imparcialidad del sistema.

Y sin confianza, la Justicia deja de ser Justicia para convertirse en sospecha.