La reciente decisión de la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay de declararse en conflicto ha vuelto a poner sobre la mesa una tensión de larga data: el delicado equilibrio entre los derechos laborales y las responsabilidades inherentes a los servicios públicos esenciales. El gremio entiende que la Fiscalía General de la Nación no ha salido en su defensa “en un contexto de ataque hacia la institución” y, más aún, denuncia medidas que restringen su derecho al disfrute de la licencia anual. Ante la falta de avances en la negociación bipartita, el sindicato solicitó una instancia tripartita con el Ministerio de Trabajo y, como señal de protesta, anunció que hasta el próximo lunes no autorizará allanamientos ni solicitará órdenes de detención, salvo en casos de riesgo inminente para la vida, la integridad física o derechos fundamentales como la libertad sexual.

La Fiscalía, por su parte, se declaró sorprendida por estas medidas, que calificó de “graves” y adoptadas sin el debido preaviso. Como respuesta, notificó al Ministerio de Educación y Cultura, del cual depende administrativamente.

Ahora bien, más allá del legítimo reclamo de los fiscales —cuyos derechos como trabajadores deben ser reconocidos y protegidos—, lo cierto es que el servicio que prestan no admite interrupciones de esta magnitud sin consecuencias para el interés general. La fiscalía no es una oficina cualquiera. Su función está directamente vinculada al mantenimiento del orden público, la persecución del delito y, en última instancia, a la garantía de justicia para toda la ciudadanía.

Suspender la solicitud de órdenes de detención o la autorización de allanamientos, incluso con excepciones razonables, es una medida que tiene un impacto directo en la seguridad pública. En un país donde la inseguridad preocupa a buena parte de la población, y donde el accionar de la justicia penal ya enfrenta cuestionamientos por demoras excesivas o, por el contrario, por resoluciones llamativamente veloces, esta medida no puede menos que generar alarma.

También preocupa la forma en que se comunicó la decisión. En todo conflicto laboral, el diálogo es el primer paso ineludible. La negociación, incluso cuando se muestra estancada, no puede ser sustituida por decisiones unilaterales que afectan el funcionamiento de un pilar tan sensible del sistema democrático como lo es la administración de justicia.

En paralelo, hay un malestar creciente respecto a cómo se maneja la Fiscalía en ciertos casos. La percepción pública, alimentada por casos mediáticos, sugiere que algunas actuaciones responden más a intereses políticos o mediáticos que a la búsqueda imparcial de la verdad. La exposición excesiva de testigos y denunciantes, que a veces terminan convertidos en protagonistas involuntarios de un espectáculo público, también debería preocuparnos.

En definitiva, esta situación nos obliga a reflexionar sobre la necesidad de cuidar nuestras instituciones. Los derechos laborales son un componente esencial del Estado de derecho, pero no pueden ejercerse de manera que comprometan otros derechos igualmente importantes, como la seguridad, la justicia y la paz social. La solución no está en la confrontación ni en la parálisis, sino en retomar con seriedad el camino del diálogo, con responsabilidad de ambas partes. Porque, se debe atender y entender, que cuando la justicia entra en conflicto, toda la sociedad paga el precio.