El debate sobre la desindexación de salarios y contratos del Estado, impulsado por el ministro de Economía Gabriel Oddone, no es menor. La propuesta de reducir la dependencia de la inflación pasada para fijar precios y remuneraciones apunta a consolidar un esquema de estabilidad que evite el tradicional mecanismo de retroalimentación inflacionaria. Pero la pregunta clave es: ¿Está Uruguay preparado para un cambio de esta magnitud?

La indexación ha sido, históricamente, un escudo protector frente a la volatilidad inflacionaria. Ajustar los salarios, pensiones, impuestos y otros contratos según la evolución de indicadores como el Índice de Precios al Consumidor (IPC) permitió que muchos agentes económicos preservaran su poder adquisitivo. Sin embargo, también es cierto que este mecanismo contribuye a sostener la inercia inflacionaria y dificulta su reducción efectiva. El argumento a favor de la desindexación es claro: cuanto menos atados estén los contratos a la inflación pasada, menor será el costo en términos de PIB y empleo para reducir la inflación. La clave está en construir expectativas hacia el futuro y no en anclar los ajustes a datos del pasado. En términos económicos, esto podría reducir la "razón de sacrificio" entre desinflación y actividad económica. Pero para lograrlo, el país debe ofrecer una condición fundamental: credibilidad.

El Banco Central del Uruguay (BCU) juega un papel crucial en este proceso. La credibilidad de sus metas inflacionarias determinará en gran medida la disposición de los actores económicos. Sin una política monetaria coherente, estable y respaldada por una institucionalidad sólida, cualquier intento de desindexación estará destinado al fracaso o, peor aún, podría generar incertidumbre y desconfianza.

Para ello, se hace imperativo fortalecer la autonomía del BCU, dotándolo de herramientas y liderazgo técnico capaz de trascender los ciclos políticos. La experiencia internacional demuestra que los países que han logrado estabilizar su inflación en niveles del 2-3% han contado con bancos centrales independientes y metas inflacionarias claras y creíbles.

Sin embargo, también es cierto que la desindexación, por sí sola, no garantiza la estabilidad de precios. Si bien puede minimizar los costos de una reducción inflacionaria, otros factores estructurales también juegan un papel clave. La política fiscal, la productividad, la competitividad y el manejo adecuado del tipo de cambio son elementos que deben alinearse con el objetivo de inflación baja y estable.

La discusión sobre la desindexación no es una cuestión meramente técnica; es un desafío de confianza y compromiso político. La transición hacia un modelo menos indexado debe ir acompañada de una estrategia clara y consistente, que genere certidumbre y adhesión por parte de trabajadores, empresarios y el sector público. Sin ello, el riesgo es que los intentos por reducir la indexación terminen siendo percibidos como un mero ajuste de corto plazo, sin un anclaje sólido en una estrategia económica de largo alcance.

Uruguay tiene la oportunidad de avanzar hacia un modelo de menor indexación y mayor estabilidad inflacionaria. Pero para ello, la clave no está solo en cambiar las reglas de ajuste salarial o contractual, sino en construir una política económica confiable y sostenible en el tiempo. Solo así se podrá pasar del círculo vicioso de la inflación al virtuoso de la estabilidad.