La situación del doctor Álvaro Danza, presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), ha pasado de ser incómoda a insostenible. Las explicaciones que ha brindado para justificar lo que, a esta altura, resulta injustificable, revelan una preocupante mezcla de soberbia y desapego a las normas éticas que deben regir la función pública. Su afirmación —según registros de prensa— de que le tiene “totalmente sin cuidado” el pedido de renuncia formulado por dirigentes de la oposición, no solo refleja una actitud desafiante, sino también un preocupante desprecio por los valores republicanos y por la transparencia que el cargo exige.

Los hechos son claros y verificados. Una investigación periodística, encabezada por la periodista Patricia Madrid, y sustentada en pedidos de información a la propia ASSE, a la Facultad de Medicina y a mutualistas de Montevideo y Soriano, reveló que Danza marcó tarjeta de asistencia en un servicio médico al mismo tiempo que se encontraba en Colonia, participando de la inauguración de un tomógrafo junto al presidente de la República y la ministra de Salud Pública. Es decir, oficialmente figuraba cumpliendo tareas médicas en Montevideo mientras, en los hechos, estaba fuera del departamento. Un acto que, más allá de lo administrativo, plantea una cuestión de fondo: ¿puede un jerarca de la salud pública manejar con autoridad y credibilidad un sistema que exige probidad y ejemplaridad cuando su propio proceder contradice esos valores?

Nadie discute la capacidad técnica y profesional del doctor Danza. Su trayectoria médica es reconocida y su conocimiento del sistema sanitario es indiscutible. Pero la ética —la misma que se exige a médicos, docentes y funcionarios— no admite excepciones ni matices según la jerarquía o la filiación política. Lo que se pone en entredicho no es su formación, sino su conducta. Y esta, a la luz de los hechos, vulnera principios elementales de integridad pública.

El caso Danza no es un episodio aislado, sino un síntoma de algo más profundo: la erosión de la ética en la gestión estatal. Este gobierno, que asumió con el compromiso de gobernar con transparencia y bajo el lema “Que gobierne la honestidad”, parece dispuesto a tolerar prácticas que contradicen esa promesa. La defensa o el silencio ante situaciones de evidente conflicto de interés, como la del presidente de ASSE, dañan la credibilidad institucional tanto o más que el hecho en sí. No se trata de un mero error administrativo, sino de una inconducta incompatible con la responsabilidad que implica dirigir un organismo que maneja miles de millones de dólares del presupuesto público y del que depende la salud de los uruguayos.

El desempeño simultáneo en múltiples cargos, tanto públicos como privados, plantea además otro dilema: la incompatibilidad ética y legal. Ningún funcionario del Estado, por más prestigio o respaldo político que tenga, puede percibir remuneraciones de diversas fuentes públicas ni desempeñar funciones que puedan generar conflicto de intereses. En el caso de Danza, la superposición de roles no solo desafía esa norma, sino que también erosiona la confianza ciudadana en el sistema sanitario estatal.

Uruguay ha construido, con esfuerzo, una tradición de decencia pública que debe ser preservada. La ética no es un adorno, ni un principio retórico para discursos de ocasión: es la base sobre la cual se sostiene la autoridad moral de quienes gobiernan. Por eso, cuando un jerarca de la magnitud del presidente de ASSE incumple con esa exigencia, el silencio o la tolerancia del poder político resultan tan graves como la falta cometida.

El país necesita instituciones que no solo funcionen bien, sino que sean éticamente intachables. La renuncia del doctor Danza no debería ser un pedido partidario, sino un acto de coherencia republicana. Porque en la gestión pública, como en la medicina, la ética no es optativa: es el primer deber profesional y moral.