La Justicia debe ser un pilar intocable en una república democrática. Sin embargo, en Uruguay se ha abierto un debate incómodo pero imprescindible: ¿se está utilizando la Fiscalía con fines políticos? La preocupación no surge del vacío. No se trata de un ataque indiscriminado a la institución, sino de una crítica necesaria a ciertos actores que parecen haber convertido el Ministerio Público en un brazo operativo con inclinaciones partidarias.

El llamado "Partido Fiscal" es una construcción que ha sido denunciada en diversos ámbitos, pero que, por mucho tiempo, se resguardó tras la reputación de un sistema judicial reconocido por su imparcialidad. No es casualidad que las causas que involucran a dirigentes de izquierda avancen con una lentitud exasperante, mientras que otras, que afectan a figuras de la coalición de gobierno, son expuestas con una agresividad notoria. La justicia debe operar con equidad, sin importar la filiación política de los involucrados.

Uno de los aspectos más graves de esta situación es el uso de filtraciones ilegales con claros fines políticos. Informaciones sensibles, que deberían manejarse con prudencia, aparecen sorpresivamente en los medios, pero solo cuando perjudican a ciertos sectores. Esta práctica no solo atenta contra la presunción de inocencia, sino que también erosiona la confianza en la imparcialidad de la Fiscalía.

El caso de la fiscal Alciaturi es especialmente preocupante. Sus publicaciones en redes sociales, que descalifican abiertamente a un partido político, plantean un serio problema de ética e imparcialidad. Cuando una fiscal, encargada de llevar adelante una investigación, ha manifestado opiniones agraviantes contra un sector político, ¿se puede confiar en su objetividad? Su accionar no solo afecta la credibilidad de su trabajo, sino que también pone en jaque la percepción de neutralidad del sistema de justicia en su conjunto.

La ubicación del ex fiscal de Corte Jorge Díaz en la cúspide de la Presidencia también genera suspicacias. Siendo una figura clave en la consolidación del "Partido Fiscal", su influencia no se ha limitado al ámbito judicial, sino que ha trascendido al plano político. Es innegable que su rol ha permitido el fortalecimiento de una estructura que hoy preocupa incluso a algunos dirigentes del propio gobierno.

Uruguay ha sido un país con una larga tradición de respeto por la separación de poderes. Sin embargo, la injerencia de ciertos sectores en la Fiscalía representa una amenaza real para esa garantía republicana. El problema no es que se critique a fiscales o jueces, sino que haya un grupo que use su posición para beneficiar a un sector político en detrimento de la equidad y la justicia.

Es hora de discutir sin hipocresías. Se debe fortalecer la independencia del Ministerio Público y evitar que este se convierta en una herramienta de presión política. La democracia uruguaya no puede darse el lujo de permitir que la justicia sea manipulada. Si hoy se tolera la politización de la Fiscalía, mañana podría ser cualquier otra institución. Y cuando eso ocurra, la república estará en verdadero peligro.