La ganadería uruguaya enfrenta hoy un problema sanitario que dejó de ser coyuntural para transformarse en una amenaza estructural: la expansión y resistencia de la garrapata en el norte del país. Las recientes dificultades para el ingreso de carne a mercados exigentes, como China, con rechazos por residuos de plaguicidas por encima de los límites permitidos, son apenas la señal más visible de una situación que se arrastra desde hace años y que no ha sido abordada con la firmeza ni la coordinación necesarias.

El diagnóstico es claro y no admite eufemismos. El modelo de control basado casi exclusivamente en el uso de productos químicos está agotado. Desde 2015 se ha constatado la resistencia de la garrapata a prácticamente todos los principios activos disponibles, con contadas excepciones. Este fenómeno no es casual ni inevitable: es consecuencia directa de un manejo inadecuado, donde la repetición de tratamientos, la falta de rotación de productos y, en muchos casos, el uso de dosis incorrectas han acelerado un proceso evolutivo previsible.

La analogía con la resistencia bacteriana no es antojadiza. Así como el uso indiscriminado de antibióticos genera microorganismos más fuertes, el abuso de garrapaticidas ha seleccionado poblaciones de ácaros cada vez más difíciles de controlar. Persistir en esta lógica no solo es ineficaz, sino también peligroso. Cada aplicación sin criterio técnico no resuelve el problema: lo agrava.

Pero el impacto no se limita al plano sanitario. Uruguay es un país cuya economía depende en gran medida de la exportación de alimentos, particularmente carne y lácteos, hacia mercados que imponen estándares rigurosos. El incumplimiento de esos requisitos no solo implica pérdidas puntuales, sino que pone en riesgo la reputación construida durante décadas. Y en el comercio internacional, la confianza perdida es difícil de recuperar.

Aquí es donde el llamado a la responsabilidad se vuelve ineludible. No se trata de señalar culpables individuales, sino de asumir que existe una responsabilidad compartida entre productores, técnicos, organizaciones gremiales y el propio Estado. El uso responsable de plaguicidas, el respeto estricto de los períodos de espera antes de la faena y la adopción de prácticas basadas en evidencia científica no pueden seguir siendo recomendaciones opcionales.

Los datos generados por instituciones como el INIA son contundentes: la solución no vendrá de un “producto milagroso”. El camino pasa por un cambio profundo en la gestión sanitaria. Esto implica, en primer lugar, realizar diagnósticos de resistencia antes de definir tratamientos. Continuar aplicando productos sin conocer su eficacia es, en el mejor de los casos, un gasto inútil; en el peor, un factor que acelera el problema.

En segundo lugar, es imprescindible avanzar hacia un manejo integrado. Esto incluye la planificación junto a veterinarios, el uso estratégico y rotativo de productos, el control de cargas parasitarias y la implementación de medidas complementarias que reduzcan la dependencia química. No es una solución rápida ni sencilla, pero es la única sostenible en el tiempo.

También el Estado debe asumir un rol más activo. No basta con advertencias técnicas o normativas generales. Se requiere fiscalización efectiva, apoyo a la investigación y políticas que incentiven las buenas prácticas. La magnitud del problema lo amerita.

La garrapata ha sido históricamente un desafío para la ganadería, especialmente en el norte del país, donde el clima favorece su desarrollo. Sin embargo, lo que está en juego hoy es distinto. No se trata solo de controlar un parásito, sino de preservar la viabilidad de un sector clave y la credibilidad internacional del país.

Seguir actuando como hasta ahora no es una opción. La evidencia está sobre la mesa y el margen de error se reduce. La respuesta debe estar a la altura: más ciencia, más coordinación y, sobre todo, más responsabilidad. Porque lo que está en riesgo no es solo la producción, sino el futuro mismo de la ganadería uruguaya.