Hay cosas que en democracia deberían tener un límite. Y una de ellas es la pretensión de que la Fiscalía de la Nación sea confiable solamente cuando sus decisiones coinciden con los intereses del gobierno de turno. Por eso las declaraciones y cuestionamientos surgidos desde filas del oficialismo hacia la fiscal de Corte subrogante, Mónica Ferrero, no pueden ser tomados como una simple discusión política. Mucho menos cuando se llega al extremo de sostener que, para el Frente Amplio, “no hay garantías” con Ferrero al frente de la Fiscalía. Si esas expresiones fueron efectivamente formuladas en esos términos, estamos frente a una señal institucionalmente preocupante.