Las decisiones políticas no prescriben con el paso del tiempo. Pueden dormir años en los expedientes, pero tarde o temprano regresan convertidas en cifras, la mayoría de las veces millonarias. El diferendo que hoy enfrenta Uruguay por la rescisión de la concesión de la Ruta 1, decidida durante el primer gobierno de Tabaré Vázquez y ejecutada por el entonces ministro Víctor Rossi, es un ejemplo elocuente de cómo una mala gestión política puede transformarse, años después, en una amenaza directa para las finanzas públicas.

En su momento, el gobierno fundamentó la rescisión en “graves incumplimientos” del consorcio español. Retrasos en las obras, observaciones de la Auditoría Interna y cuestionamientos tributarios fueron los argumentos esgrimidos para cortar el contrato. Pero del otro lado siempre existió una narrativa distinta: la de una concesión prácticamente terminada, afectada por la crisis de 2002 y por una ecuación económica alterada que el Estado no quiso o no supo recomponer.

Lo cierto es que hoy Uruguay vuelve a enfrentar un reclamo amparado en un tratado bilateral de protección de inversiones. Y eso ya no es un debate político interno: es un litigio internacional que puede traducirse en cientos de millones de dólares. Dinero que no saldrá de una discusión ideológica, sino del bolsillo de todos los contribuyentes.

La pregunta incómoda es inevitable: ¿se evaluaron correctamente las consecuencias jurídicas y financieras de aquella decisión? ¿Se agotaron todas las instancias técnicas antes de adoptar una medida extrema como la rescisión? ¿O primó la lógica política por encima del análisis contractual?

Porque en materia de contratos de infraestructura, el Estado no puede actuar con voluntarismo. No alcanza con tener convicción política; se necesita solvencia técnica y previsión jurídica. Cuando se firman acuerdos de inversión con respaldo internacional, las reglas son claras y los márgenes de discrecionalidad, limitados. Desconocerlo, o minimizarlo, termina siendo costoso.

Este antecedente debería encender todas las alarmas frente a situaciones actuales que presentan similitudes preocupantes. El denominado Caso Cardama, vinculado a la adquisición de dos patrulleras oceánicas, no puede convertirse en el próximo capítulo de un error que termine dirimiéndose en tribunales internacionales.

La oposición ha advertido reiteradamente sobre la necesidad de máxima transparencia, rigor jurídico y apego estricto a los procedimientos. No se trata de obstaculizar decisiones estratégicas para la defensa nacional. Se trata de evitar que apresuramientos, deficiencias administrativas o eventuales irregularidades deriven en un nuevo conflicto contractual con consecuencias económicas devastadoras.

El país no está en condiciones de sumar litigios multimillonarios por mala praxis política. Uruguay ha construido durante décadas una reputación de respeto a las reglas y seguridad jurídica. Esa reputación es un activo intangible que vale tanto como cualquier obra pública. Dañarla por decisiones mal fundamentadas sería un despropósito.

La experiencia de la Ruta 1 y el moderno segundo puente sobre el Rio Santa Lucia, demuestra que los errores no desaparecen con el cambio de gobierno ni con el paso del tiempo. Se acumulan, generan intereses y reaparecen cuando menos conviene. Y entonces ya no se discute si hubo buenas intenciones, sino cuánto costará el desenlace.

El verdadero patriotismo institucional no consiste en cerrar filas acríticamente, sino en exigir controles rigurosos y responsabilidades claras. Cada contrato que firma el Estado compromete generaciones. Cada rescisión apresurada puede hipotecar recursos públicos durante décadas.Si algo enseña este litigio es que la política sin previsión jurídica es una factura diferida. Y cuando llega el momento de pagarla, no la abonan los gobiernos de turno: la paga el país entero.