Hay una cuestión que comienza a repetirse en el gobierno de Yamandú Orsi y que merece bastante más atención que las explicaciones circunstanciales que se ofrecen cada vez que sucede. El presidente parece dispuesto a intervenir cuando las decisiones de sus ministros generan controversia, corregir sus resoluciones, modificar sus posiciones y recuperar el control de situaciones que se les han escapado de las manos. Sin embargo, cuando llega el momento de asumir las consecuencias políticas, la respuesta es siempre la misma: los ministros cuentan con su respaldo y continúan en sus cargos.

El problema no es que un presidente revise una decisión de sus ministros. Por el contrario, tiene la responsabilidad y las atribuciones para hacerlo cuando entiende que existen razones jurídicas, administrativas o políticas que lo justifican. El problema es la reiteración de episodios en los que el jefe de Estado termina desautorizando, directa o indirectamente, a quienes él mismo designó para conducir áreas fundamentales de la administración.

Y no se trata de una situación aislada. Primero fue el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, en medio del conflicto portuario de Montevideo, donde la intervención presidencial dejó en evidencia diferencias en la conducción y en el manejo de una negociación de enorme trascendencia económica y laboral. 

Ahora vuelve a suceder con la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, cuya resolución sobre la inhabilitación profesional de la anestesista Inés Miralles terminó siendo revisada por el propio presidente.

En este último caso, la cuestión tiene además una dimensión humana y jurídica particularmente delicada. 

La anestesista había recibido una sanción de cinco años de inhabilitación, que posteriormente fue reducida a tres por resolución ministerial. Ahora, tras supuestos nuevos antecedentes, recordemos que la condena penal por homicidio culpable  fue dictada en diciembre de 2025, tras  un juicio abreviado, donde la anestesista Miralles, admitió su responsabilidad en la muerte de la pediatra Soledad Barrera, como así también oportunamente se desconoció que la Comisión de Ética Medica condeno a la anestesista, que después públicamente se desdijo y sostuvo que ella no fue responsable de la muerte de su paciente. Así, se llega ahora, reconociendo esas situaciones, revisar la decisión de Lustembergy se restableció el plazo original de cinco años. 

Aquí aparece la contradicción política que merece ser señalada. Orsi sostuvo que la decisión fue compartida con Lustemberg , argumentando que el Ministerio de Salud Pública había sido inducido a error por sus propios asesoramientos jurídicos. 

En el conflicto portuario también hubo señales de una conducción que no terminaba de encontrar una línea uniforme. Mientras Castillo defendía la negociación y sostenía determinados criterios sobre la esencialidad, desde Presidencia surgían otras señales y se intervenía en el escenario político de la negociación. Incluso las diferencias entre el ministro y el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, obligaron a Orsi a salir a poner paños fríos. Finalmente, el Poder Ejecutivo retificó las medidas adoptadas por los ministerios involucrados. 

No se trata de desconocer las dificultades que supone gobernar, ni de reclamar renuncias ante cualquier diferencia de criterio. Se trata de comprender que un ministro no es un simple funcionario administrativo al que se le puede retirar la firma cuando una resolución genera problemas y devolverle la confianza cuando la tormenta pasa. 

Un ministro es un responsable político de primer nivel, designado para conducir una cartera, tomar decisiones y responder por ellas. Si sus decisiones son equivocadas, si sus criterios deben ser corregidos desde Presidencia o si el propio presidente termina teniendo que intervenir para recomponer situaciones que debieron resolverse desde los ministerios, corresponde preguntarse dónde queda la autoridad de los integrantes del gabinete. Porqué: ¿qué confianza puede transmitir un ministro a sus subordinados, a los sectores involucrados y a la ciudadanía cuando sus resoluciones pueden terminar siendo revisadas públicamente por el presidente? 

Gobernar es tener la responsabilidad de exigir cuentas y, llegado el caso, tomar las decisiones que corresponden. Porque un presidente que siempre respalda a sus ministros, incluso después de desautorizar sus actuaciones, corre el riesgo de transformar la responsabilidad política en una formalidad sin consecuencias, como ya es evidente, se esta dando.