La reciente decisión del expresidente Donald Trump, en su autodenominado “Día de la Liberación”, de imponer nuevos aranceles a todas las importaciones hacia Estados Unidos ha sacudido los cimientos del comercio internacional. Si bien Uruguay no figura entre los países más afectados, con un arancel adicional del 10%, el impacto no deja de ser preocupante para un país cuya economía depende en gran medida de las exportaciones.

Según el informe del Instituto Uruguay XXI, el arancel promedio que pagaba Uruguay a Estados Unidos era del 6%. Con la nueva medida, los exportadores temen que ese 10% se aplique sobre el arancel ya existente. Es decir, si un producto uruguayo pagaba un 2% antes, ahora pagará 12%; si era del 20%, se elevará a 30%. En 2023, Uruguay exportó bienes por valor de US$ 864 millones a Estados Unidos, abonando aranceles por US$ 52 millones. Con las nuevas condiciones, esos números podrían crecer sensiblemente, afectando la competitividad de productos clave como la carne bovina.

La reacción del gobierno no se hizo esperar. El presidente de la República expresó su preocupación, reconociendo el impacto potencial para las exportaciones uruguayas, aunque señaló que Uruguay no fue el país más perjudicado del continente. “Tenemos que tener la capacidad como país de defender nuestros propios intereses”, afirmó, destacando también la apertura al diálogo por parte de las autoridades estadounidenses. En este sentido, el encuentro, gestado en la jornada de ayer,  entre el ministro de Economía, Gabriel Oddone, y la embajadora de Estados Unidos, Heide Fulton, permitió confirmar que la madera quedará excluida del arancel adicional, un primer paso alentador en un escenario desafiante.

Desde la Cámara de Industrias del Uruguay (CIU) se mantiene una postura prudente, pero clara. Se advierte que esta política arancelaria afecta el comercio global y rompe con las reglas de juego vigentes, debilitando el multilateralismo. La CIU también plantea que, en este nuevo escenario, podrían surgir oportunidades para algunos sectores, dependiendo de cómo reaccionen otros países a las medidas de Trump. Es decir, la crisis podría ser también una coyuntura para redefinir estrategias y ganar terreno donde otros pierdan.

Lo cierto es que el discurso del libre comercio y la globalización parece haber quedado en el pasado. Lo que se instala ahora es un proteccionismo agresivo, que no solo desafía a Uruguay, sino al sistema global en su conjunto. Y frente a esa realidad, el país deberá asumir una postura firme en defensa del trabajo nacional. La defensa del interés propio ya no es una opción, sino una necesidad urgente.

Uruguay debe aprovechar cada instancia de diálogo para reducir el impacto arancelario sobre sus productos más relevantes, especialmente aquellos que no representan una amenaza real para la economía estadounidense. El caso de la carne bovina, que en 2024 ya pagó US$ 92 millones en aranceles, es un ejemplo claro de un sector que necesita especial atención.

La clave estará en mantener la diplomacia activa, con argumentos sólidos y una estrategia de defensa comercial que permita al país navegar en esta nueva ola proteccionista sin perder competitividad. Porque aunque el tablero internacional esté cambiando, Uruguay no puede quedarse al margen del juego. Algo que debemos tener muy presente, porque en esto, esta en juego la economía, el trabajo y la calidad de vida de los uruguayos.