El regreso del Frente Amplio al gobierno no puede entenderse sin el protagonismo del PIT-CNT, que no solo jugó un papel crucial durante la campaña electoral, sino que ahora se posiciona como un actor central en el futuro gobierno. Las señales de cogobierno entre el Frente Amplio y el PIT-CNT son claras. Una vez más, la subordinación parece inevitable, con la central sindical marcando los límites de la agenda política de nuestro país. Si algo quedó claro durante las últimas décadas es que el PIT-CNT no es simplemente un actor sindical, sino una “fuerza política” que influye directamente en las decisiones estratégicas del Frente Amplio. Este esquema, que ya ha mostrado sus nefastas consecuencias en el pasado, amenaza con convertirse en una realidad institucionalizada en el nuevo período.

Desde el inicio del gobierno, el PIT-CNT jugó un papel clave en la vuelta del Frente Amplio al poder. Durante la campaña electoral, su protagonismo fue evidente, tanto en la promoción del plebiscito contra la reforma de la seguridad social como en la movilización de sus bases. Aunque la consulta fue rechazada en las urnas, el esfuerzo de la central sindical, a base de mentiras, unificó a la militancia y canalizó las frustraciones de sectores descontentos con el gobierno. Abdala, presidente del PIT-CNT, dejó en claro que la lucha del movimiento sindical no terminó con la derrota del plebiscito. Para él, y lo dijo sin vueltas, el referéndum fue apenas un paso –“la lucha no terminó”– en un proceso más amplio que pretende desmantelar las reformas estructurales impulsadas en los últimos años. Primer aspecto a tener en cuenta.

Como segundo hecho, es necesario analizar la reciente negativa del PIT-CNT al acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. Otro ejemplo contundente del peso que ejercerá sobre el próximo gobierno. Lejos de reconocer la importancia de este avance, tras dos décadas y media de negociaciones, el PIT-CNT rechazó el acuerdo con una rapidez que resulta, cuanto menos, llamativa. A pesar de que el tratado consta de 7.000 páginas y aborda temas complejos que requieren un análisis detenido, la central sindical optó por rechazarlo categóricamente, recurriendo a argumentos que parecen extraídos de otra época. Calificaron el acuerdo como un “pacto desigual” que fomenta el extractivismo y sacrifica los derechos sociales en favor de las corporaciones. Ignoran, obviamente, que este tipo de acuerdos son fundamentales para un país pequeño como Uruguay, cuya economía depende de su capacidad de insertarse en los mercados globales.

El rechazo del PIT-CNT no se limita a cuestiones ideológicas. Es un rechazo práctico, dirigido a proteger un modelo económico y laboral que ya no responde a las necesidades del siglo XXI. Como bien señaló el canciller Omar Paganini, resulta difícil entender cómo una central sindical puede oponerse a un acuerdo que promete abrir mercados, fomentar la inversión y generar empleo. El lector bien sabe: este tipo de posturas no son nuevas. Durante años, el PIT-CNT ha sido un freno constante a cualquier intento de modernización económica. Su reticencia a los tratados de libre comercio, su oposición a las reformas estructurales y su insistencia en un modelo de seguridad social insostenible son ejemplos de una visión profundamente conservadora, más preocupada por mantener el statu quo que por adaptarse a las nuevas realidades globales.

Volvamos al tema de la seguridad social; el más representativo de esta dinámica. A pesar de que la reforma aprobada recientemente buscaba garantizar la sostenibilidad del sistema en un contexto de envejecimiento poblacional, el PIT-CNT lideró una campaña en su contra, proponiendo una vuelta al sistema anterior, con una edad mínima de jubilación de 60 años y la eliminación de las AFAP´s. Este planteo no solo es económicamente inviable, sino que refleja una desconexión alarmante con las realidades demográficas del país. Sin embargo, el Frente Amplio, en lugar de cuestionar estas propuestas, parece dispuesto a considerarlas como parte de un eventual “diálogo social”. Yamandú Orsi, en un guiño al movimiento sindical, ya ha señalado –contraviniendo a su futuro Ministro de Economía– que su gobierno explorará formas de regresar a los 60 años como edad mínima de retiro, ignorando las advertencias de economistas y expertos sobre las consecuencias de una medida tan regresiva.