Vivimos en tiempos donde la información que circula en internet parece ser eterna. Una búsqueda rápida en Google puede revelar datos personales, noticias antiguas o publicaciones de redes sociales que a lo mejor preferiríamos olvidar. Acá es donde entra en juego el derecho al olvido, un concepto legal que busca equilibrar el acceso a la información con el derecho a la privacidad.

En Uruguay, si bien no existe una normativa específica sobre el derecho al olvido, el tema está vinculado a los derechos de protección de datos personales, regulados por la Ley 18.331. Esta norma establece que las personas tienen derecho a acceder, modificar y eliminar sus datos cuando estos resulten inexactos, incompletos o hayan dejado de ser necesarios para el fin para el que fueron recabados. Sin embargo, su aplicación en el contexto digital aún plantea varios desafíos.

Un caso pionero en la región que trató el derecho al olvido es el de Natalia Denegri, una figura pública argentina que solicitó que se eliminara de Google contenido relacionado con su participación en un mediático caso judicial de los años 90, conocido como "el Caso Cóppola". La Corte Suprema de Justicia de Argentina resolvió que el derecho al olvido no aplicaba en su caso, ya que los eventos en cuestión formaban parte de la memoria colectiva y tenían interés histórico. Esta sentencia destacó la necesidad de equilibrar el derecho a la privacidad con la preservación del acceso a información pública relevante.

En Uruguay, si bien no tenemos antecedentes judiciales tan emblemáticos, el concepto está ganando terreno. Por ejemplo, si una persona encuentra información perjudicial o desactualizada sobre sí misma en internet, podría solicitar su eliminación basándose en el artículo 38 de la Ley 18.331. Esto podría información publicada en redes sociales, noticias viejas o registros en bases de datos.
Sin embargo, no siempre es tan simple. El derecho al olvido no es absoluto. Debe balancearse con otros derechos fundamentales, como la libertad de expresión y el derecho del público a acceder a información relevante.

Un caso que ilustra este equilibrio es el de un ciudadano argentino que solicitó eliminar enlaces de Google relacionados con una acusación de violencia de género de la que había sido absuelto. La Corte Suprema de Argentina determinó que los enlaces no debían eliminarse porque el caso seguía siendo de interés público.

Esto plantea preguntas importantes para los lectores: ¿Quién decide qué es relevante o irrelevante? ¿Qué pasa si la información es verídica pero perjudicial? Estas decisiones quedan en manos de jueces, quienes deben evaluar el caso concreto.
En conclusión, aunque el derecho al olvido ofrece una vía para proteger nuestra privacidad en el entorno digital, también desafía los límites entre memoria y olvido en una sociedad hiperconectada.

En Uruguay, aún estamos dando los primeros pasos en este camino, pero cada vez más personas son conscientes de que su huella digital no tiene por qué ser eterna.