No hay nada nuevo bajo el sol. Las partidas de los ediles, ese asunto del que se habla desde siempre y que nunca se resuelve, volvieron a la primera plana por la puerta de atrás: una investigación sobre lavado de dinero y narcotráfico que, siguiendo el rastro de la plata, terminó en la banca de un edil del Partido Nacional.

Gonzalo Gómez es un perejil. Lo demostró él mismo en la conferencia de prensa que dio apenas volvió de China: se presentó solo, sin que nadie le hubiera indicado qué decir y qué callar, y sin que nadie le advirtiera lo más elemental, que no debía convocar a los periodistas. No tenía nada que aclarar, porque su situación era insostenible dijera lo que dijera.

Pero Gómez es apenas una anécdota. El uso de las partidas de los ediles se discute en este país desde hace más de medio siglo. En el verano de 1973 fue uno de los argumentos con que los militares desacreditaron a la clase política. Recuperada la democracia, la discusión regresó con más fuerza, y hasta se propuso reformar la Constitución para pagarles un sueldo a los ediles; la idea naufragó en las urnas, donde solo la respaldó el 25 % de los votantes.

Estoy convencido de que pagarles a los ediles no resuelve nada, porque el problema no está ahí. El problema es el abuso que todos los partidos, sin excepción, hacen de los dineros públicos. Es un secreto a voces que las cajas partidarias se nutren, en buena medida, de las retenciones que se les aplican a quienes entran a la función pública: cuantos más cargos se reparten, más recauda el partido. Hay sectores y dirigentes que se quedan con ese dinero, el beneficiario inicial percibe un porcentaje, el resto es para el partido; hay partidas destinadas a gastos específicos que se cobran como una remuneración más; hay viáticos de viajes que jamás se devuelven. Las intendencias, el Parlamento, la CTM y las empresas públicas terminan recaudando para la clase política, y la cuenta la pagan, con impuestos y con un Estado cada vez más caro, quienes están fuera del sistema.

Este episodio debería servir para sacar a la luz cómo funciona el Estado en su conjunto. Dudo que ocurra. Y, sin embargo, ya no se puede tolerar la hipocresía de gobernantes que se rasgan las vestiduras reclamando un Estado más chico mientras son ellos mismos quienes lo agrandan y viven de él.

¿Qué va a pasar de ahora en adelante? La respuesta es sencilla: nada. Todo seguirá igual, porque a quienes deberían cambiar las cosas no les conviene cambiarlas. Basta mirar lo que ya está ocurriendo. El Frente Amplio corrió el foco hacia el lavado de activos y la penetración del narcotráfico en las estructuras partidarias, pero no dice una palabra sobre revisar las partidas de los ediles ni las de los demás funcionarios designados a dedo. Ese desvío anticipa el final: el caso se irá apagando de a poco, con la complicidad de todos.

Gómez se irá a su casa. Los demás ediles y sus asesores se quedarán dónde están. Seguirán los pases en comisión, los ingresos a dedo, los viáticos sin devolver y los discursos a favor de achicar el Estado.

Un edil, sin proponérselo, interpeló a toda la clase política. Como tantas otras veces, no habrá resultados a la vista.