Concluida la instancia electoral nacional y con el cambio de gobierno, el control del aparato estatal pasa a manos del Frente Amplio (FA), que dispondrá de más de 2.500 cargos en el gobierno nacional. Esto le garantiza la colocación masiva de sus militantes y un ingreso significativo de recursos para sus arcas. Este fenómeno no debería sorprender a nadie. Así ha funcionado siempre: todos los gobiernos han hecho uso de esta prerrogativa. Es comprensible que los puestos de confianza sean ocupados por partidarios del gobierno electo, muchos de los cuales participaron en la elaboración del plan de gobierno a través de comisiones y grupos de trabajo específicos.

Hasta aquí, el proceso es razonablemente aceptable. Sin embargo, en un país pequeño como Uruguay, el volumen de cargos de confianza resulta desproporcionado. Lo preocupante es que, además de estos nombramientos iniciales, se suman otros a lo largo del período de gobierno, lo que incrementa considerablemente el gasto público en un país con serias dificultades económicas.

Ejemplos lamentables de esta práctica abundan. Casos como el de la Comisión Técnica Mixta (CTM) y diversas intendencias han evidenciado cómo el aumento desmedido del gasto ha llevado a niveles de endeudamiento que afectan la eficiencia de las administraciones. Gran parte de los ingresos se destinan a salarios de allegados políticos, mientras la población padece las consecuencias de una gestión ineficaz.

Este sistema no cambiará, ya que de él se nutre toda la clase política. Algunos lo disimulan mejor que otros, pero en esencia, la dinámica se mantiene inalterada.

A esto se suma ahora el reparto de los cargos de contralor, aquellos que el gobierno electo distribuye con la oposición para integrar entes autónomos, servicios descentralizados y empresas públicas. En esta ocasión, la oposición recibirá 34 cargos, muchos de ellos en empresas clave como ANCAP, UTE, OSE y ANTEL, además de posiciones en organismos de carácter político como la Corte Electoral y el Tribunal de Cuentas.

Lo realmente preocupante es la designación de políticos sin experiencia en la administración de empresas para dirigir entes públicos con actividad industrial y comercial. La mayoría de estos nombramientos recaerá en figuras que fracasaron en su intento de acceder al Parlamento o en las internas departamentales. En otras palabras, individuos sin trayectoria en gestión estarán al frente de verdaderas "multinacionales" estatales.

Uruguay aún está lejos de encarar seriamente la administración pública. Mientras los partidos políticos continúen dependiendo enteramente del Estado, el reparto del botín seguirá siendo la norma. Ahora llega el turno de distribuir los "premios consuelo", y como dice la canción carnavalesca:

"Es tan grande el carnaval que da pa' todos, de la teta de dios Momo muchos se pueden colgar. La de los panchos ya cambió el auto, y el choricero  anotó a la hija en el Alemán".