Suele afirmarse que el presupuesto es una herramienta de planificación hacia el futuro. El instrumento mediante el cual un gobierno proyecta su programa de gestión, fija prioridades y establece el marco financiero para el desarrollo de políticas públicas. Sin embargo, el reciente tratamiento del presupuesto dejó en evidencia algo más profundo. Lejos de ser únicamente un mapa del porvenir, el presupuesto también funciona como un espejo del pasado y un diagnóstico del presente. Y lo que ese espejo nos devolvió durante su discusión, dista mucho de ser una imagen alentadora.

Durante el análisis del presupuesto en la Comisión Integrada de Hacienda con Legislación de la Junta, fueron convocados distintos Directores del actual gobierno con el objetivo de explicar las líneas de trabajo. Ese ámbito, que muchas veces pasa desapercibido para la opinión pública, terminó convirtiéndose en un espacio donde surgieron datos, diagnósticos y evaluaciones que permiten comprender con claridad la situación estructural que Salto enfrenta hoy.

Uno de los momentos más reveladores de ese proceso fue la comparecencia de la escribana María Eugenia Almirón, Directora de Vivienda de la Intendencia. En su exposición, destinada a explicar la planificación del gobierno en materia de políticas habitacionales y programas de realojo, presentó cifras que no solo resultan preocupantes, sino que además permiten dimensionar la magnitud del deterioro social acumulado durante los últimos años.

Según los datos aportados por la jerarca, en Salto existen actualmente 25 asentamientos irregulares en la planta urbana y otros 7 asentamientos en el interior del departamento. No se trata de una situación circunstancial. Estamos ante un fenómeno estructural que refleja con crudeza la profundidad de los problemas sociales y habitacionales que se han ido consolidando progresivamente durante la última década.

Las estimaciones indican que en esos asentamientos viven aproximadamente 4.000 familias. Hablamos de miles de salteños que desarrollan su vida cotidiana en condiciones precarias, con viviendas que en muchos casos no cumplen con estándares mínimos de seguridad, salubridad ni dignidad. A esto se suma una realidad aún más compleja: en numerosas construcciones conviven dos o más familias, lo que profundiza el hacinamiento y multiplica los factores de vulnerabilidad.

Esta situación no puede interpretarse como el resultado de un fenómeno espontáneo ni de una dinámica del crecimiento urbano. Es consecuencia directa de diez años de mala gestión del FA y del clan Lima, período durante el cual el departamento ingresó en una crisis económica, social y habitacional cada vez más profunda. La expansión sostenida de los asentamientos irregulares constituye hoy uno de los indicadores más visibles de ese deterioro acumulado.

Paradójicamente, cuando llegó el momento de votar el presupuesto que busca comenzar a revertir esta realidad, la bancada de ediles del Frente Amplio decidió no acompañar su aprobación. Los argumentos expuestos para justificar esa postura incluyeron cuestionamientos sobre el monto global del presupuesto, críticas a la supuesta ausencia de planes de vivienda y observaciones respecto a la especificación del destino de determinados recursos.

Sin embargo, esa posición deja al descubierto una contradicción difícil de ignorar. Quienes durante diez años guardaron silencio frente al crecimiento sostenido de los asentamientos hoy intentan presentarse como defensores de la planificación social y del control del gasto público. Resulta inevitable advertir en esa actitud un grado significativo de incoherencia política y oportunismo discursivo.

La aprobación del presupuesto tiene una dimensión estratégica orientada al futuro. Permitirá al actual gobierno ejecutar políticas destinadas a recuperar al departamento, ordenar prioridades y generar condiciones para un desarrollo equilibrado.

Pero el proceso de discusión presupuestal también dejó una enseñanza clara: cuando la improvisación, la falta de planificación y el clientelismo reemplazan a la gestión responsable, las consecuencias terminan expresándose en desigualdad, precariedad y pérdida de oportunidades.

El desafío que hoy enfrenta el gobierno departamental no es solamente proyectar el crecimiento futuro de Salto. Antes que nada, deberá recuperar el terreno perdido y comenzar a atender las urgencias sociales acumuladas durante años.
Desde la Junta Departamental asumimos nuestra responsabilidad institucional: acompañar, controlar y contribuir para que la ejecución de este presupuesto se traduzca en respuestas concretas para todos los salteños, especialmente para aquellas familias que hoy viven en condiciones de extrema precariedad.