El Presidente Orsi anunció días pasados, en su discurso ante el Parlamento, la próxima creación de un Ministerio de Justicia, iniciativa impulsada por el Dr. Jorge Díaz, ex Fiscal General de la Nación. Resulta sorprendente la insistencia en la creación de este ministerio; sorprendente, sobre todo, por innecesaria. La justicia no necesita un ministerio nuevo: necesita más presupuesto, más jueces, más fiscales y mayor estructura logística.

El mismo Poder Ejecutivo que envió un presupuesto indigno para el Poder Judicial ahora anuncia un gasto que bien podría haberse destinado a las arcas de uno de los poderes del Estado. El Presidente de la Suprema Corte de Justicia, en funciones al momento del envío del presupuesto, señaló que al Poder Judicial se le otorgó únicamente el 6 % de lo solicitado. Ello constituye un verdadero ninguneo hacia el Poder Judicial, que es el bastión de la República y del cual dependen nuestra libertad, nuestro patrimonio y otros derechos fundamentales.

También resulta sospechosa la argumentación esgrimida para justificar su creación. El ex Fiscal sostiene que es necesario unificar secretarías actualmente dispersas, lo cual redundaría en una mayor eficiencia. Sin embargo, si de unificar dependencias se trata, sobran ejemplos en nuestro derecho administrativo en los que se han fusionado organismos dentro de estructuras ya existentes, lo que constituye una solución mucho más económica y eficiente que la creación de un nuevo ministerio.

Afirmó además que dicho ministerio se encargaría de la discusión, promoción y defensa de los derechos humanos, y que además permitiría mejorar el sistema de cumplimiento de medidas y penas aplicadas a quienes delinquen. Nuevamente aparece el tema de los derechos humanos, un tema central en el discurso de la izquierda uruguaya. Sin embargo, no se explica con claridad qué derechos humanos se pretende defender. ¿Será acaso el de las personas en situación de calle?

En cuanto al cumplimiento de penas, cabe preguntarse si realmente se soluciona con la creación de un ministerio o si, por el contrario, la solución pasa por una inversión seria en cárceles que respeten la dignidad humana. Las que existen actualmente en nuestro país son, en muchos casos, verdaderos centros de degradación, donde se depositan seres humanos prácticamente abandonados a su suerte.

Finalmente, como fundamento de la legalidad y conveniencia de la creación del ministerio, se mencionó que en diversas democracias desarrolladas existe un Ministerio de Justicia, citándose los casos de Dinamarca, Noruega, Finlandia, Suecia, Alemania, Nueva Zelanda, Luxemburgo, Países Bajos, Irlanda y Estonia.

No sorprende la mirada que Díaz tiene sobre la realidad de la justicia en otros países. Algo similar ocurrió con el Código del Proceso Penal: se copió y pegó un sistema que ha demostrado profundas dificultades en su aplicación práctica, dejando la libertad de los ciudadanos muchas veces supeditada a procesos de negociación de penas. En ese esquema, quienes acceden a acuerdos reciben determinados beneficios, mientras que quienes no aceptan esa negociación enfrentan penas de prisión prácticamente anunciadas de antemano.

Los argumentos esgrimidos para la creación de este ministerio resultan débiles y alejados de la realidad. Algo parece esconderse detrás de esta iniciativa. Sospecho que, desde una determinada perspectiva ideológica, lo que se busca es un mayor control social y político sobre el sistema de justicia, así como una forma de influencia o adoctrinamiento sobre sus actores. Algo que, según muchos señalan, ya se intentó desde la Fiscalía y constituye un antecedente que debería encender las alarmas en una República que se pretende verdaderamente independiente en el funcionamiento de sus poderes.

Porque, como advirtió Montesquieu, “no hay peor tiranía que la que se ejerce a la sombra de las leyes y con apariencia de justicia”.