Conviene recordar que esta agenda no surge espontáneamente. Fue impulsada con fuerza por el PIT-CNT, con el respaldo de sectores como la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social y apoyada políticamente por el Partido Comunista del Uruguay y el Partido Socialista del Uruguay. Sus argumentos —la necesidad de garantizar jubilaciones dignas y corregir inequidades del sistema mixto— son atendibles en el plano del diagnóstico. Pero el remedio propuesto ha demostrado carecer de respaldo social y, más grave aún, arrastra riesgos significativos.

El reciente intento del gobierno de avanzar hacia una estatización de hecho de las AFAP no solo resulta equivocado en términos económicos: es, ante todo, un preocupante desconocimiento de la voluntad popular expresada con claridad contundente. En el plebiscito sobre la reforma de la seguridad social, cerca del 62 % de los uruguayos rechazó una propuesta que, entre otros puntos, implicaba eliminar las AFAP y concentrar el sistema en manos del Estado. No hubo ambigüedades ni zonas grises: la ciudadanía habló con una mayoría categórica.

Sin embargo, lo que hoy emerge desde el denominado “Diálogo Social” parece insistir, por vías indirectas, en recorrer el mismo camino que fue explícitamente descartado en las urnas. La idea de desvincular a las AFAP de la gestión de los fondos individuales y transferir ese control al Estado no es un simple ajuste técnico: es, en esencia, una reformulación encubierta de aquello que la población ya rechazó. El problema central no es discutir mejoras al sistema previsional. Esa discusión es legítima e imprescindible. Lo que resulta cuestionable es avanzar en reformas estructurales que, en los hechos, replican una propuesta ya rechazada democráticamente. La confianza en las reglas de juego es un activo clave para cualquier país, y erosionarla tiene consecuencias que trascienden el ámbito previsional.

En este sentido, no sorprende la reacción de actores financieros internacionales. El grupo ONE618, asesor de tenedores de bonos uruguayos, ha sido claro: no ve “nada positivo” en estas iniciativas, ni desde el punto de vista macroeconómico ni político. Su análisis advierte sobre un deterioro fiscal inevitable, producto de mayores gastos y cambios que debilitan los incentivos y la sostenibilidad del sistema. Más allá de la opinión de un actor específico, el punto de fondo es evidente. Uruguay ha construido, durante décadas, una reputación basada en la estabilidad institucional, el respeto a las normas y la previsibilidad. Alterar las reglas del sistema previsional de manera abrupta —y en contradicción con un pronunciamiento popular reciente— envía una señal inquietante tanto a inversores como a ciudadanos. Además, las propuestas en discusión no se limitan a la gestión de las AFAP. Incluyen elementos como una reducción de facto de la edad de jubilación y mayores compromisos de gasto, en un contexto donde el margen fiscal ya es limitado. Ignorar esta restricción no es progresismo: es imprudencia.

La paradoja es evidente. En nombre de proteger a los trabajadores, se promueven medidas que podrían comprometer la sostenibilidad del sistema en el largo plazo. Y en nombre del diálogo, se avanza sobre decisiones que la ciudadanía ya tomó. La democracia no se agota en las elecciones, pero tampoco puede ignorarlas cuando sus resultados son tan claros. Gobernar implica interpretar el mandato popular, no rodearlo. Si el objetivo es mejorar las jubilaciones, el camino debería ser otro: ajustes responsables, consensos amplios y soluciones que fortalezcan —y no debiliten— la confianza en el sistema.

La Cámara de Representantes tiene ahora la responsabilidad de actuar como contrapeso institucional. No se trata de bloquear por bloquear, sino de evitar un error que podría tener costos duraderos. La sensatez, en este caso, no es una opción moderada: es una necesidad urgente.